El viernes pasado se aprobó el proyecto de megaminería y se produjeron graves disturbios en la ciudad de Rawson y ardió la Casa de Gobierno de Chubut.
Las movilizaciones contra la sanción de la ley que da luz verde a la explotación minera en Chubut no cesan. Grupos ambientalistas volvieron a protestar en al menos 16 edificios públicos, exigiendo el veto de esa norma, la cual fue promulgada el viernes pasado por el gobierno de Mariano Arcioni.
Las fuerzas de seguridad reprimieron nuevamente las protestas y hasta hubo reclamos frente a los concejos deliberantes de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, para que esas ciudades no adhieran a la cuestionada Ley de Zonificación de la Actividad Minera.
Los manifestantes incendiaron maderas y lanzaron piedras a la policía local, que respondió con gases lacrimógenos y balas de goma. Además, un grupo de manifestantes logró ingresar a la Casa de Gobierno de Chubut por las ventanas e incendió todo el edificio.
En medio de los enfrentamientos, dotaciones de bomberos trabajaron para apagar el fuego en la gobernación. También fueron atacados otros edificios públicos, como la Fiscalía de Rawson y oficinas del Superior Tribunal de Justicia y el Centro de Monitoreo de la ciudad.
El descontrol fue total y las calles quedaron plagadas de cascotes, casquillos de bala de goma y vehículos policiales calcinados.
Ley de Zonificación de la Actividad Minera
El proyecto de ley se aprobó en la madrugada del jueves, con 14 votos a favor y 11 en contra, lo que provocó el malestar de los manifestantes que estaban en la puerta de la Legislatura para reclamar en contra de la iniciativa de zonificación.
Dicho proyecto consiste en la reglamentación de la Ley 5.001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en la jurisdicción, pero que en uno de sus artículos habilita que se determinen áreas en las que podría permitirse.
La sanción recibió el respaldo del Consejo Federal de Minería (Cofemin), que calificó a la iniciativa como un “importante paso hacia adelante” que contribuirá al “desarrollo de la industria” en la provincia y el país.
El organismo fundamentó su apoyo en que “se trata de una ley moderna, actualizada, que establece la creación de una zona que habilite la actividad”. La calificó de “inclusiva e innovadora” y hasta citó estudios científicos que defienden esa industria rechazada por contaminante.
