En 2022 se cumplen 28 años de la celebración, en París, el 17 de junio de 1994, de la Convención Internacional de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, a la que nuestro país contribuye y adhiere con fuerza de ley. Desde entonces, muchos esfuerzos nacionales e internacionales se han realizado para prevenir, mitigar y recuperar los territorios de tierras secas afectados. Sin embargo, estos resultados no han logrado el principal objetivo: sensibilizar a la población mundial y, especialmente, a los tomadores de decisión de los países con procesos de desertificación, sobre la importancia de este flagelo en sus economías, sociedades e instituciones.
Probablemente esto se deba a la principal característica de la desertificación: un conjunto de procesos de degradación de los ecosistemas de tierras secas, que interactúan de manera compleja entre las condicionantes físico-biológicas, las socio-económicas y las institucionales. A veces, un proceso como la deforestación o un incendio cobran relevancia sobre los demás, pero nunca son procesos aislados. Siempre hay que visualizar el conjunto para entender las causas y los efectos (UNCCD 1995). No nos referimos solamente a un hecho evidente y espectacular como el retroceso de los glaciares o la reducción del hábitat de especies claves de la biota. Siempre deben visualizarse las situaciones de contexto, los ambientes donde estos procesos ocurren, y, fundamentalmente, los grupos humanos, agentes y víctimas de la desertificación. En Argentina, 66% del territorio nacional se extiende bajo condiciones de sequedad. Un tercio de la población vive y produce con problemas de tenencia de la tierra, ausentismo y pérdidas en la producción que los llevan a condiciones de pobreza y aislamiento, en un país donde la mayoría de la población es urbana y los tomadores de decisión están más preocupados por lo que sucede en la Pampa Húmeda que por la expansión de la frontera agropecuaria sobre los territorios considerados marginales.
Desde principios del siglo XIX, la superficie forestal natural de la Argentina ha disminuido en un 66%, principalmente por la sobreexplotación para la producción de madera, leña o carbón, el sobrepastoreo y la expansión de la frontera agropecuaria. De 106 millones de hectáreas de bosque nativo que existían en 1914, en 1996 quedaban solamente 36 millones de hectáreas, lo que significa sólo el 33% del potencial original. En cuanto a la biodiversidad, el 40% de las especies vegetales y animales de las tierras secas se encuentra en peligro de desaparición (SAyDS, 2006).
Mendoza, situada en el corazón del monte, el territorio más seco de Argentina, se extiende íntegramente sobre tierras secas, organizada sobre la base de la confrontación entre tierras secas irrigadas “oasis” y tierras secas no irrigadas “desierto”. El modelo de desarrollo, impulsado desde fines del siglo XIX, basado en el dominio de los recursos estratégicos agua y suelo, favoreció una modalidad de desarrollo regional fuertemente apoyado en las tierras irrigadas que permitió la consolidación del modelo vitivinícola exportador. En el presente, los territorios no irrigados de Mendoza no sólo deben dialogar con un soporte ambiental desertificado sino, además, con fuerzas sociales, políticas y económicas que los ubican en los márgenes del sistema. Los espacios no irrigados funcionaron como proveedores de recursos para el desarrollo de las zonas irrigadas y de mano de obra para la puesta en marcha de las actividades productivas dominantes. De este modo, fueron cercenados en el ejercicio de su derecho al acceso a recursos estratégicos como el agua y la formulación de políticas de desarrollo. Sus habitantes se enfrentan con severos procesos de desertificación (Roig et al, 1992), altos niveles de pobreza, déficit de equipamiento y de servicios.
Entre las principales causas de la desertificación en Mendoza se encuentran, políticas públicas macroeconómicas que generan un profundo desequilibrio territorial y falta de equidad social, basadas en el desarrollo de las tierras secas irrigadas (oasis) a expensas de las tierras secas no irrigadas (desierto). Extracción del capital natural y social de las tierras secas no irrigadas para el desarrollo de oasis y ciudades. Esto se manifiesta en una disminución sostenida del agua superficial disponible para el desierto por su captación para riego en el oasis, la tala del bosque nativo de algarrobos, la desecación de los humedales y la pobreza de la población rural, limitada a actividades de subsistencia (cría extensiva de caprinos) sin infraestructura, servicios ni acceso al agua (Abraham, 2009).
Esta situación se agrava por los escenarios de cambio climático que, unidos a los procesos históricos de degradación de las tierras, agravan la crisis hídrica que desde hace decenios enfrenta la provincia. Asistimos a una gran preocupación por la retracción de los glaciares y el cambio de régimen hídrico, pero no percibimos que la falta de agua es una situación permanente para los habitantes de las tierras secas no irrigadas, para los que ésta es la condición “normal” en la que deben desarrollar su vida.
Para lograr una provincia más equilibrada y solidaria, debemos pensar en lograr una mejor y más eficiente distribución de los recursos entre todos los habitantes.
Es tiempo de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a lograr la complementación y no la competencia entre tierras secas irrigadas y no irrigadas. Implementar herramientas económicas que tiendan a lograr la recuperación del capital natural y social perdido por la desertificación de las tierras secas no irrigadas: “proyectos integrados” que acompañen la restitución de las tierras a los pobladores locales; el acceso al agua para uso humano y animal; el desarrollo de un paquete tecnológico para la recuperación de tierras desertificadas; el aprovechamiento agro – silvo - pastoril con recursos endógenos del territorio y la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y los servicios en las tierras secas no irrigadas.
De este modo se podrán conquistar, para estos territorios, políticas y acciones que tiendan a la diversificación productiva y acceso a la educación y a los mercados, mitigando los desequilibrios existentes entre tierras secas irrigadas y no irrigadas de la provincia, facilitando su integración y complementariedad y promoviendo la equidad entre todos los habitantes.
Tenemos la oportunidad de lograr estas metas si logramos aportar estrategias y recursos para el Desarrollo Sustentable de las Tierras Secas en el marco del Plan Estratégico Provincial, en cumplimiento de la ley de Ordenamiento Territorial.
*La autora es Investigadora Conicet - Iadiza-CCT Conicet Mza
Producción y edición: Miguel Títiro - mtitiro@losandes.com.ar
Bibliografía
*Abraham, E. (2009). Dryland development needs science and sustainability. Opinion article:
Science and Development Network, SciDev.Net, 30-04-2009. London, www.scidev.net
*Roig, F., González Loyarte, M.E. Abraham, E. Méndez, E., Roig,V., Martínez Carretero, E. (1992). Maps of desertification Hazards of Central Western Argentina, (Mendoza Province). Study case. En: UNEP, Ed. “World Atlas of thematic Indicators of Desertification”,
E. Arnold, Londres.
*Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, (2011) Actualización del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.
