La situación que atraviesa Santiago Moreno Charpentier (39), más conocido como Chano, volvió a poner sobre la mesa los cuestionamientos a la atención de salud mental bajo el “paraguas” de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N° 26.657.
La normativa, aprobada en 2010 y reglamentada en 2013, ha sido blanco de críticas todos estos años, y los hechos que se hacen públicos en situaciones extremas son sólo la cara visible de muchas otras realidades más ignotas que viven muchas familias.
Tanto allegados de pacientes como desde el sector de los profesionales advierten que la atención de la salud mental de pacientes que presentan adicciones, crisis o brote psicóticos, entre otros cuadros, dista de ser la ideal. Peor aún, los pone en riesgo.
“Sólo pido que hagan algo con la ley de Salud Mental porque la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. Hay millones de madres que están golpeando puertas y nadie las escucha”, enfatizó desesperada Marina Charpentier, la madre del cantante que fue baleado por un policía en medio de una crisis.
Entre las críticas se señala que el sistema muchas veces no responde adecuadamente y a tiempo, lo que implica intervenciones tardías y cuando la situación ya es extremadamente crítica y riesgosa para sí mismo u otros.
Los mismos profesionales reconocen que la situación deja muchas veces liberados a su suerte a pacientes, sus familias y cuidadores.
Situaciones similares han ocurrido en el caso del cantante “Pity” Alvarez y Rodrigo Roza, el hombre que en medio de un brote psicótico apuñaló en el corazón y mató a un policía federal, en Buenos Aires.
Oídos sordos
La norma ha estado envuelta en una controversia interminable entre quienes la defienden con uñas y dientes y quienes creen que más complica que beneficia.
En Mendoza, quienes trabajan en atención de la Salud Mental reconocen que hay carencias que devienen no tanto de la norma en sí sino de su aplicación, inadecuada o insuficiente. Esto en gran medida debido a la falta de recursos y presupuesto. “El caso que se ha mediatizado en estos días es uno de los tantos que afrontamos los profesionales de salud mental en nuestra práctica diaria”, advierten desde la Asociación de Psiquiatras de Mendoza.
Entre los objetivos prioritarios de la ley se cuentan el respeto a los derechos y libertades de los individuos afectados y quitarle el estigma a las patologías de salud mental y adicciones. Sin embargo, hay profesionales que sostienen que este último no se ha perdido y que pesa a la hora de pedir ayuda lo que colabora en abordajes tardíos. La particularidad es que la legislación incluye dentro de esta órbita la atención de las adicciones, algo que antes no siempre sucedía.
La intención era evitar la institucionalización innecesaria y respetar la voluntad del afectado. Pero advierten que estas personas no siempre están en condiciones de decidir. Los críticos, señalan que la burocracia que envuelve las exigencias de la ley para una internación involuntaria cuando la persona llega al límite de ser un riesgo para sí mismo u otros también es un obstáculo. Se exige una orden judicial para que dos profesionales de diferentes disciplinas hagan una presentación ante un juzgado para ordenarla. A partir de esto, el paciente debe ser evaluado por una junta para determinar cuánto tiempo debe permanecer esa involuntariedad.
El abuso de sustancias llevó a Chano a un cuadro de excitación psicomotriz que requiere un abordaje adecuado e interdisciplinario. Sin embargo lo que recibió fue un disparo que lo mantiene internado. Faltan recursos para llegar antes del límite.
Falta de precisiones
La Asociación de Psiquiatras Argentinos ha advertido mucho sobre la falta de precisiones que tiene la ley, la escasa creación de centros de atención intermedia y la equiparación de los psiquiatras a los psicólogos cuando se trata de evaluar y decidir.
En Mendoza, la falta de centros de internación y atención y de camas en hospitales generales son algunas de las carencias, según los psiquiatras. También faltan los equipos multidisciplinarios que suponía la ley y la formación adecuada de muchos sectores que podrían intervenir ante situaciones críticas, tal cual advierte la entidad de profesionales.
El presupuesto insuficiente, una vez más, está en el ojo de la tormenta. “Al día de hoy en la práctica la reglamentación de la ley es baja, el presupuesto del 10% asignado por la misma está muy lejos de concretarse, por lo que el recurso tanto humano como de infraestructura hace que sigamos transitando una compleja zona de grises donde se terminan exponiendo pacientes, profesionales intervinientes y a la sociedad misma en su conjunto a complejas situaciones”, admitieron desde el Consejo Directivo.
Su presidenta, la doctora Celia del Canto (responsable del servicio de Salud Mental del Hospital Lagomaggiore), estimó que el presupuesto asignado actualmente puede rondar el 2%. Reconoció dificultades para las internaciones y un adecuado seguimiento y dijo que es difícil cumplir con los requisitos por ciertas características de consentimiento de un paciente que muchas veces no lo va a dar.
Por otra parte, señaló que no hay tantas camas, ni en los hospitales generales ni en los monovalentes, que supuestamente debían ir desapareciendo para dar lugar a otras instancias de atención.
“Actualmente no hay dispositivos para internar pacientes adictos, se internan en un psiquiátrico, se hace una desintoxicación y luego no hay dispositivos de internación”, advirtió la médica. Por ello se sigue un tratamiento ambulatorio pero allí entran en juego otras variables que determinarán la adhesión al tratamiento, entre ellas la red de contención que tenga el paciente e incluso la capacidad que tengan para acompañarlo. Las familias no tienen porqué tener conocimiento sobre cómo acompañar y muchas veces se ven expuestas a situaciones de riesgo.
Del Canto detalló que las dificultades suelen involucrar patologías en las que hay una desviación del juicio crítico, en las que el paciente pierde la capacidad de pedir ayuda por sus propios medios, como cierta etapa de la adicción, las psicosis, las demencias (juicio debilitado) o pacientes con bajo coeficiente intelectual que tienen juicio insuficiente y a veces son agresivos.
Equipos que den respuesta
La directora de Salud Mental de la provincia, Elizabeth Liberal, defendió la ley. Dijo que se trata de un proceso y que se han logrado cosas.
Negó que la burocracia impida internaciones: “Se hacen muchas internaciones involuntarias. Si el paciente está en una crisis se hace y tenés diez días para dar conocimiento al juez. Probablemente se llegue tarde cuando está en una situación crítica, pero eso no es por culpa de la ley”. En este punto mencionó cuestiones como la accesibilidad a la atención, la adhesión al tratamiento y la red de contención. Explicó que, en el marco de la ley, en una internación lo que se hace es “apagar la crisis” y luego, un seguimiento ambulatorio.
“Entre sus objetivos los hospitales generales deberían contar con equipos de salud mental interdisciplinarios durante las 24 horas y estar en comunicación fluida con el hospital especializado en Salud Mental en pos del bienestar del paciente”, expresó por escrito el consejo directivo de la asociación. Además, “las fuerzas de seguridad deberían estar altamente capacitadas y trabajando mancomunadamente para evitar riesgos para el paciente y para terceros. Por otro lado, estableciendo una fuerte conciencia en la comunidad médica y social de que las adicciones forman parte de los trastornos mentales y requieren tratamiento multidisciplinario en un dispositivo adecuado”.
En este sentido, Del Canto subrayó los déficits en la aplicación: “La Policía también debía capacitarse, no puede tratar de la misma manera a un delincuente que a alguien que tiene una crisis”. Al respecto, Liberal destacó que Mendoza cuenta con el Grupo Gris, que está capacitado para estos abordajes.
Pero la psiquiatra se preguntó si el grupo Gris puede asistir a cada situación y aclaró que en muchos lugares asiste quién está disponible en la comisaría y hace lo que puede.
Liberal remarcó que la ley de salud mental no apunta sólo al cierre de hospitales monovalentes sino que se trata de un cambio de paradigma. Consideró: “No estamos listos para el cierre de los monovalentes, porque esto es un proceso y, más en contexto de Covid”, en referencia a que han sido un soporte eficiente ante la sobredemanda.
“Se han creado residencias asistidas, se externó a quienes han estado mucho ahí por no tener familias, por vulnerabilidades o porque no tiene una autonomía total”, detalló.
A la vez, negó que se haya dificultado la atención y dijo que una internación en un hospital monovalente puede durar unos 15 días. Y más, según el cuadro.
“Por supuesto que faltan dispositivos intermedios (hospital de día, residencias asistidas, centros de día) o más recursos humanos en los centros asistenciales. Pero en Mendoza interpretamos y aplicamos la Ley de Salud Mental de acuerdo a las necesidades y realidad de la provincia, como un proceso de transformación”, manifestó.
Dijo que también faltan capacitaciones y más seguimiento, “pero eso no es culpa de la ley, en tal caso tendríamos que hablar de políticas de salud pública”, afirmó. Resaltó que en Mendoza hay cerca de 50 camas en hospitales generales y que se están por generar centros de día para adolescentes.
Más críticas
El Defensor adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, admitió esta semana que la Ley de Salud Mental “no brinda respuestas adecuadas” en este tipo de casos. Dijo a Télam que el caso de Chano refleja una situación “que se repite diariamente”. “Madres, padres, hermanos, familiares, amigos, que reclaman que alguien ayude a sus seres queridos que sufren en carne propia las adicciones y ya no pueden valerse por sí mismos, siendo peligrosos para sí y para terceros”, resaltó.
En tanto, desde la Cámara Argentina de Establecimientos de Salud Mental (Caesme) , se ha manifestado que la ley de Salud Mental reniega del orden social y niega la peligrosidad y el riesgo que representa para sí mismo y para terceros un paciente descompensado (...) apunta a que la cultura es la que genera la patología mental; y pide el cierre de hospitales y clínicas especializadas por ser instituciones de orden, control y violación de derechos fundamentales; lo que en realidad considera que deja sin cobertura a los pacientes.
