El conflicto con los anestesiólogos y el gobierno sigue lejos de poder llegar a buen puerto. Enojados por la forma en que desde el ejecutivo se ha planteado el conflicto, los médicos especialistas dicen que todo está en “foja cero”. Mientras, desde el oficialismo indican que ya terminaron de notificar y que ahora comienza el proceso de sumario para aplicar las sanciones que contempla la nueva ley de emergencia en anestesiología.
“Se ha informado que los prestadores están regresando de forma voluntaria, pero nosotros llevamos nuestro propio registo y no es así. Están distanciados de la realidad. De hecho, se dijo que volvieron 7 de los 8 prestadores al Laggomagiore cuando en realidad son 19 y ninguno volvió”, indicó Arturo Salassa, miembro referente de los denominados anestesistas autoconvocados.
Continuando, Salassa explicó que hasta el momento no volvió ninguno de los 68 prestadores que no continuaron con el contrato que tenían con el gobierno -aclaran que no renunciaron sino que no renovaron el acuerdo- y que “no entienden la estrategia ni el motivo para que se diga lo que se está diciendo”.
Impotencia y desilusión
Salassa dijo que los profesionales del área sienten impotencia y desilusión porque sienten que no los toman en serio. “En 100 días el conflicto se podría haber resuelto con diálogo. Nosotros estamos poniendo datos y estudios económicos para sostener el reclamo. Y hay una preocupación enorme porque la nueva ley no soluciona nada”, dijo.
Además, remarcó que los salarios siguen desfasados y que el gobierno no pone “un interlocutor válido” para resolver el conflicto. Dijo además, que nadie habla de lograr puntos medios o acuerdos. “Se quieren dilatar los problemas, no resolverlos. La política sanitaria no quiere resolver los problemas de los mendocinos que quieren operarse”, añadió agregando que el gobierno debe garantizar que la población tenga acceso a la salud.
“Esto es una ley de trabajo forzado para no acordar con los trabajadores. Se normaliza que yo, en mi condición de libertad, siga teniendo un contrato basura y me tenga que quedar forzado sin sentir que es justo”, señaló.
Debe tenerse en cuenta que la ley estipula que quienes no regresen a sus puestos de trabajo serán sancionados con la suspensión de sus matrículas. Pero hay que considerar que de esas 68 personas prestadoras, 47 ocupan cargos que actualmente sí están cubriendo urgencias y emergencias y que en caso de ser dados de baja no podrán hacerle frente a la demanda en los hospitales públicos de la provincia.
Como sigue
Salassa, en representación de los autoconvocados, indicó que todo está en foja cero. “No hemos hecho medidas de fuerza, solo no renovamos los acuerdos de un contrato basura, en negro y facturándole al estado, ni siquiera renunciamos. Hemos recibido notificaciones con citaciones, todas mal hechas. Por ejemplo, desde el hospital central llegaron 100% mal los DNI. Ahora vamos a ser sumariados sin siquiera volver a recibir bien las notificaciones”, indicó el médico.
Para terminar, dijo que no observa un plan de gobierno ni el ánimo de encontrar una salida. “A nosotros nos cuesta mucho seguir confiando. Hemos reformado nuestra vida para volver a tener ingresos en el sector privado y poder seguir cobrando y tendremos que hacerlo nuevamente si nos obligan a volver al estado”, terminó Salassa.
Regresaron cuatro
Desde el ministerio de Salud provincial indicaron que durante la semana pasada y el lunes se enviaron las notificaciones formales, tanto por mail como en el domicilio para que los prestadores volvieran a prestar servicios. Según se indicó, fueron 63 las citaciones (hay cinco que no fueron convocados nuevamente) y de ellos cuatro se presentaron de manera voluntaria. También reconocieron posibles errores en los documentos, pero dijeron que eso no invalida la notificación.
“Se manda la notificación al hospital y al prestador. Luego, los hospitales informan la nómina y avisa quienes no regresaron. Ahí se inicia el proceso de sumario, que no es inmediato. Pero se va a aplicar la ley”, indicaron agregando que en caso de que estos no regresen se recurrirá a otros de los 229 anestesiólogos que tiene la provincia para cubrir las vacantes.
Para terminar, indicaron que el viernes está convocada una mesa de diálogo para retomar las conversaciones con los anestesistas.
Un repaso de los hechos
Como se observa, la situación de los anestesiólogos y su relación con el gobierno está lejos de llegar a un punto de común acuerdo. De hecho la ministra Nadal dijo públicamente, previo a la sanción de la ley de emergencia en anestesiología que: “La corporación de los anestesistas ha puesto en jaque la salud de los mendocinos”, y reconoció que Frente a esta actitud corporativa, las cirugías programadas se han reducido 40% frente a los períodos normales.
Recordemos que la semana pasada, se aprobó la ley de emergencia en anestesiología, con apoyo de los partidos mayoritarios en la que establece varios puntos la emergencia por un plazo de 120 días y también que las renuncias de los anestesiólogos “se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días corridos de presentada la misma”. Y de esta manera, el Gobierno de Rodolfo Suárez se asegurará de no contar por los próximos 4 meses de renuncias de los profesionales del sector, salvo que sean por razones de fuerza mayor.
Según el Ministerio de Salud, en Mendoza hay 229 anestesiólogos con matrícula activa, de los cuales solo 61 poseen cargos de planta. Esto, según indican, a pesar de los ofrecimientos reiterados por parte del Poder Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes”, según afirman desde el Gobierno.
Además, en lo que va del año, 68 anestesiólogos comunicaron su voluntad de no renovar los contratos de prestación de servicios en el sector público y según ellos mismos cuentan, muchos de ellos lo han hecho para ir a trabajar a la vecina provincia e incluso afuera del país con contratos laborales mejores.
Resta señalar que según el director del Perrupato, Omar Dengra, en declaraciones a radio Nihuil reconoció que los 9 prestadores que tenía el nosocomio no tenían funciones permanentes y que muchos eran reemplazos por lo cual es servicio no se ha resentido, ya que cuentan con trabajadores del área en planta permanente. Lo que sí aseguró es que tienen una lista de espera de 230 operaciones programadas pero que en realidad es lo que se arrastra de la suspensión de cirugías en pandemia.
