La digitalización de la Justicia mendocina en medio de la pandemia de Covid-19 generó una fuerte crisis que repercutió, sobre todo, en la históricamente postergada Justicia de Familia, donde la implementación del nuevo sistema informático afectó tanto al personal judicial como a los abogados que trabajan en este fuero.
Quejas formales, protestas, marchas por Tribunales, audios de WhatsApp y hasta amenazas de “judicializar” el problema han sido las formas en que los letrados se han manifestado en los últimos meses frente a la “despapelización” que propone el nuevo sistema informático Iurix Iol, que comenzó a implementarse en mayo y que reemplazó al MEDD (Mesa de Entrada de Escritos Digitales) que se venía usando desde el comienzo de la pandemia y que, en rigor, no es un sistema informático sino “una mesa de entrada digital”.
“Creo que el problema central es la implementación del nuevo sistema virtual que se implementó con la pandemia y no está muy aceitado o no se comprobó su eficacia antes de ponerlo en práctica. Eso produjo un desfasaje. El anterior sistema era más simple”, opinó la abogada Sonia Chacón, quien forma parte de uno de los grupos de letrados de esta especialidad que se han movilizado en los últimos meses frente a la problemática.
La letrada indicó también: “Falta conocimiento y práctica porque la pandemia nos afectó a todos con la virtualidad, pero en la Justicia es marcada la falta de instrucción para abordar los procedimientos, tanto en empleados como en abogados. Además, todos los días se añaden nuevas directivas y eso implica un reacomodamiento permanente”.
Por su parte, la abogada Andrea Jara, quien en agosto pasado le envió un “fuerte” mensaje al juez de la Corte Mario Adaro -aunque quien maneja administrativamente el fuero de Familia es el ministro Julio Gómez- sostuvo ahora: “Hoy estamos saliendo del caos, pero el problema sigue existiendo porque es estructural. Falta personal, computadoras, capacitación y estamos lejos de tener un expediente digital. El Iurix Iol no es amigable pero entiendo que es beneficioso y que los abogados queremos ir hacia la despapelización pero se necesitan ajustes informáticos y de personal”.
“Otro problema es con los expedientes que quedaron mitad papel, mitad digital que nos obliga a trabajar a ciegas”, agregó Jara.
Una etapa de transición
En cambio, desde la desde otro sector de los abogados que sufren la situación indicaron: “Estamos en una etapa de transición; estamos haciendo una evaluación diaria y en los últimos días no hay reclamos de abogados”.
Además, señalaron que hace 20 días la problemática se está solucionando con el trabajo entre abogados y el Poder Judicial a través de distintas comisiones.
Hoy por hoy –explicaron- el problema real es la demora en los proveídos (cuando ingresa un escrito debe aceptarse con un cargo que indica el inicio del proceso). La demora con los proveídos se registra en todas las circunscripciones.
Desde el Poder Judicial, en cambio, sostienen que los inconvenientes generados por el nuevo sistema se están solucionando casi por completo: se han realizado dos jornadas de capacitaciones donde se abordaron temas como registración de abogados, cargas de demandas y mesas de ayudas (que funcionan de 7.30 a 20). Además, se ha capacitado a 480 empleados, funcionarios y magistrados de las cuatro circunscripciones.
“Se está solucionando el tema de proveídos, que se está poniendo al día. El sistema hoy funciona casi de forma normal”, afirmaron.
Los históricos problemas de los juzgados de Familia
Si nos remontamos en el tiempo, la problemática de los juzgados de Familia era palpable ya en 2019, cuando el por entonces presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, quiso pasar a 30 personas del fuero civil al fuero de familia, que para algunos es históricamente el sector más postergado, junto al laboral.
Al inaugurarse el año judicial 2020 ya se había desatado “la rebelión de los jueces civiles” y desde la misma Corte se hablaba de que el Fuero de Familia estaba “colapsado” y que para implementar el Código de Familia y Violencia Familiar vigente desde 2018 hacían falta 10 jueces y nuevos recursos humanos y económicos.
Frente a este panorama, llegó la pandemia de Covid- 19. Y la Justicia mendocina se vio obligada, como todas las actividades, a refugiarse en el teletrabajo: se estima que sólo un 30 o 35% de los empleados judiciales hicieron tareas presenciales durante el año pasado.
Además, cada fuero tuvo sus particularidades: así como el penal fue el que salió mejor parado de la situación por las medidas que se venían implementando, otros como el de Familia, se vieron gravemente resentidos.
Para algunos, la situación en Familia se acentuó también porque la problemática de la violencia intrafamiliar se acrecentó durante el pandémico encierro, generando gran cantidad de nuevos expedientes que fueron quedando retrasados.
En 2021, la situación –resentida- volvió lentamente a cierta normalidad. Pero la tormenta comenzó cuando el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, en febrero pasado anunció la “despapelización total” de la Justicia desde el 1 de agosto de este año, algo que para muchos abogados fue una medida “atada a la política, que no tuvo una transición planificada y que llevó a una digitalización forzada, acelerada y no planificada”.
En abril comenzaron las protestas de los abogados de Familia, que se organizaron en distintos grupos de WhatsApp, se autoconvocaron y protagonizaron dos “caravanazos” y una protesta en la explanada de Tribunales.
En ese momento se estaba dejando de lado el MEDD (Mesa de Entrada de Escritos Digitales) y ya se había implementado el nuevo sistema informático Iurix Online (IOL) pero con muchos problemas técnicos y humanos: los empleados debían hacer frente a la capacitación, al tiempo que seguían sacando trabajo atrasado del año anterior.
En tanto que los jueces hacían frente a los plazos procesales que indica la Justicia de Familia en temas tan delicados como restricciones de acercamiento, violencia de género, violencia intrafamiliar, divorcios, tenencias, adopciones y cuotas alimentarias, para evitar que se lesionaran derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, conflictos altamente sensibles para las personas involucradas.
En agosto pasado algunos medios de comunicación reflejaron la situación ventilando unos audios de la abogada Andrea Jara. La mujer sostenía que hacía un mes y medio que no podía ver en el sistema el expediente de una clienta, una madre que tenía problemas con la tenencia de un niño con problemas de salud.
“Nosotros antes de esta última reunión enviamos un comunicado a la Corte haciendo un listado de todos los problemas e intimándolos a una resolución porque no queda otro camino que la vía judicial. Esto quiere decir que, o se resuelve el problema, o nosotros lo judicializamos”, anunció el 27 de agosto pasado la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción, Andrea Disparte, en una nota publicada en Los Andes.
“Si nosotros no tenemos respuesta dentro de una semana, la vía próxima es la judicialización”, advertía la letrada en aquella oportunidad.
Al día de hoy está “judialización” parece lejana y en las próximas semanas se anunciaría una normalización de esta conflictiva situación.
