La única diferencia entre la historia de Lucio Dupuy -el pequeño de 5 años asesinado en La Pampa- y la de Macarena (nombre modificado de una beba mendocina que hoy tiene 3 años) es que la niña fue trasladada al hospital Fleming a tiempo: sufrió golpes, quemaduras de cigarrillo y suministro de cocaína propiciados por su progenitora, una mujer que sufre distintas adicciones.
Macarena tenía cinco meses de vida cuando el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) le dio la guarda provisoria a Mariano, su papá, debido al peligro que implicaba vivir con su madre.
La guarda se estableció hasta que se decidiera la situación judicial. Sin embargo, lejos de todos los pronósticos, a partir de allí comenzó un verdadero calvario para este mendocino de 32 años, oriundo de Godoy Cruz y gerente de un centro de distribución.
“La Justicia, lenta y burocrática, restituyó a mi hija a su madre a partir de numerosas denuncias falsas. Nunca se me escuchó. La jueza argumentó que era humana y podía equivocarse y así fue que se la entregó nuevamente ¡Una locura! Yo vivía aterrorizado de que me la devolviera muerta en un cajón”, reflexiona en diálogo con Los Andes el papá, que revive su propia agonía con la historia de Lucio.
El pronóstico de Mariano no fue demasiado desacertado: si bien la beba no murió, estuvo al borde, porque en enero de 2020, con un año y tres meses de vida, fue tan golpeada y torturada que casi no pudo contarlo.
“Se argumentaron las mismas mentiras que se dijeron con Lucio, es decir, que se había golpeado con cajas de juguetes y cosas de ese tipo. Su madre dijo que la droga se había caído sin querer en la boca de la beba”, recordó Mariano.
Fue allí cuando la Justicia determinó para ambos padres una restricción de acercamiento. Mariano sigue sin entender por qué la medida recayó en él.
Lo cierto es que Macarena pasó a manos del programa de Familias de Acogida de Mendoza, que intercedió para que permaneciera junto a una familia temporaria hasta que el caso avanzara.
Durante un año exacto recibió en ese hogar amor y contención. Luego, el Juzgado de Familia le otorgó a la menor a la novia de Mariano, divorciada, mamá de dos hijos y empleada de un estudio jurídico.
Sin embargo, esa guarda tuvo desde el primer momento una condición: Mariano y su novia, que se habían conocido en 2019, debían permanecer separados para cumplir con la restricción de acercamiento impuesta por la Justicia.
Ella accedió al requisito y es quien vive y cuida hoy de Macarena. Tiempo antes había decidido formar parte de la asociación “Infancia por más Justicia”, que apoya y protege a los niños en estado de vulnerabilidad de derechos en Mendoza.
Lo hizo cuando vivió en carne propia la historia desgarradora de la niña, a la que llama “hija”. La responsabilidad parental, de todos modos, sigue siendo de los padres biológicos.
“Como sea, y a pesar de que sé que la nena vive en un entorno sano y familiar, no la puedo ver desde hace dos años. La Justicia demostró sus deficiencias con la historia de Lucio, tan parecida a la nuestra. De alguna manera esto se debe visibilizar”, señala Mariano.
Y agrega que físicamente se lo castigó al verse obligado a estar separado de su novia y de los tres menores.
El programa de familias de acogida, por su parte, sigue brindando todo el acompañamiento y el apoyo que necesita.
“Con Macarena hablamos mucho de su papá, le cuento que está presente pero que por ahora no pueden verse. Ella ve a mis hijos que tienen a su propio padre y eso, seguramente, le genera confusión, por eso es un tema que trabajamos muchísimo en casa”, detalla la novia de Mariano.
El hombre reflexiona: “Mi hija tuvo un Dios aparte porque su mamá no está en condiciones psíquicas de cuidarla y podría haber terminado como Lucio”, concluye, mientras se esperanza en que la Justicia resuelva pronto el fin de la restricción.
Su novia comenta que, debido a las demoras judiciales y la falta de acompañamiento, días atrás una mamá que formaba parte de la asociación y cuyo vínculo con su hija se había obstaculizado, terminó por suicidarse.
“Hacía 9 meses que no la veía. Hemos presentado notas en la Corte y Gobernación para hablar de los daños graves que representa la vulneración de derechos y no tenemos respuesta”, subraya.
“Infancia por más Justicia” dijo que la de la Lucio fue una muerte anunciada
“La muerte de Lucio fue anunciada. Las culpables son las dos imputadas, pero nos encontramos con los mismos responsables de siempre por inacción y omisión, los organismos de niñez y la justicia”, dijo Lorena Navascues (Mat. 8067), abogada en derecho de familia y asesora de la asociación “Infancia por más Justicia”.
Agregó: “Estamos ante una situación que se agrava exponencialmente y donde la problemática radica en la falta de articulación entre los tres poderes encargados de la protección de derechos. Donde ante una situación de maltrato infantil se demuestra la falta de capacitación de los efectores del Estado desde el abordaje inmediato”.
Indicó que es necesario un protocolo de rápida acción donde ante una situación de vulneración de derechos y maltrato la intervención pericial y ambiental debe ser inmediata.
“Son los equipos interdisciplinarios los encargados de vincular desde primera instancia. Ha quedado demostrado que ante el impedimento de contacto una parte de la familia se encuentra desprovista de información sobre el niño haciéndole imposible tomar conocimiento del estado de ese niño”, sostuvo.
Los tiempos judiciales “prolongadísimos” llevan a que un niño, como en el caso de Lucio, quede a merced de maltratadores y obstaculizadores, indicó.
“Los tiempos de la infancia son muy cortos. Estamos ante procesos judiciales que superan los tres años. Tenemos mamás y papás impedidos de contacto desde hace más de 5 años. Gente que denunció ante la Justicia la vulneración de derechos de sus hijos y por burocracia u omisión toda su infancia ha sido judicializada”, concluyó.
