El gobierno nacional, junto a referentes de salud de las provincias, busca avanzar en el fortalecimiento de la Ley de Oncopediatría.
Es el pilar esencial del I Encuentro Nacional del Programa de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer “Fortaleciendo la Implementación de la Ley de Oncopediatría N° 27.674″, que se lleva a cabo hoy y mañana. El objetivo es reunir a las y los referentes de las jurisdicciones para fortalecer en todo el país la implementación de la Ley de Protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer.
Además, el encuentro forma parte de la Iniciativa Mundial sobre el Cáncer Infantil (GICC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se organiza en el marco de la cooperación técnica entre el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La norma fue promulgada en julio de 2022 y reglamentada en febrero de este año. Tiene por objetivo priorizar el abordaje integral y garantizar la equidad y accesibilidad a la atención a niños, niñas y adolescentes con cáncer desde un enfoque de derechos y en todas las fases de las enfermedades.
“Me da emoción el trayecto que recorrió esta ley porque implicó un trabajo articulado con todas las áreas, lo que la hace mucho más potente”, manifestó la ministra de Salud, Carla Vizzotti en la apertura. “Lo que trae la ley es orden sobre el trabajo ya hecho a la vez que consolida un derecho para que no dependa solamente del Instituto Nacional del Cáncer y los centros de salud”, agregó.
Además, la titular de la cartera sanitaria destacó que “tenemos que lograr una política que llegue a la gente, al territorio y que sea federal”, por lo que planteó que “esta estratégia se debe implementar con las fortalezas de cada provincia y con una mirada de integración del sistema de salud para que todos sepan que este derecho está garantizado”.
En la misma línea, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, indicó que la ley “tiene un enfoque de derechos que implica no solo el abordaje de la salud sino también la contención y el acompañamiento necesarios para las familias” y remarcó que es producto de “un trabajo articulado con otros ministerios e instituciones”.
Por su parte, la asesora de Sistemas y Servicios de Salud en Argentina de OPS/OMS, Sonia Quezada Bolaños, señaló que “entre países hay diferencias en la tasa de supervivencia, con países que reportan casi el 30% y otros que alcanzan el 90% lo cual plantea todo un desafío de lucha contra las inequidades”. Es por ello que “la OPS/OMS está implementando la Iniciativa Global para el Cáncer Infantil cuyo objetivo es alcanzar una tasa de supervivencia global de al menos del 60% en niñas, niños y adolescentes con cáncer para 2030″.
Durante la jornada, especialistas y referentes en la materia compartieron experiencias e intercambiaron ideas respecto a los avances y desafíos en la implementación de la ley. Las mesas de trabajo tuvieron como principales ejes el Certificado Único Oncopediátrico (CUOP); el panorama regional de la iniciativa global de cáncer infantil; la presentación de recomendaciones nacionales de atención y tratamiento de niños, niñas y adolescentes con cáncer; el cuidado post tratamiento; el papel de los circuitos administrativos con organismos nacionales involucrados; y la estratificación y calidad en las Unidades de Hematología y Oncología Pediátricas (UHOP).
Qué establece la Ley de Protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer
La norma propone beneficiar a todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer hasta los 18 años de edad inclusive, independientemente de su cobertura de salud, con un abordaje integral, interdisciplinario, con el paciente y su familia en el centro de la atención y un trabajo articulado en las distintas jurisdicciones implicadas, y con todos los sectores involucrados.
Además, la ley establece la emisión del Certificado Único Oncopediátrico que permite que los pacientes puedan acceder a los beneficios estipulados por la ley: asignación económica provista por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), licencias laborales para quien esté a cargo del paciente, gratuidad para la utilización del transporte público, acceso a vivienda para pacientes en situación de vulnerabilidad social y acceso a la educación, gracias a un trabajo articulado en las distintas jurisdicciones implicadas, y con todos los actores y sectores del Estado involucrados: Salud, Desarrollo Social, Trabajo, Educación, Transporte.
