Angel “Pipi” Suñez, ex cuidador de la comunidad terapéutica San Camilo (Pilar, Buenos Aires), fue condenado a 3 años de prisión efectiva y a 10 años de inhabilitación para custodia y cuidado de personas el lunes. Suñez fue declarado culpable del “homicidio culposo” del joven mendocino Saulo Josías Rojas (23), quien falleció encerrado en una habitación del lugar en junio de 2013 y a menos de un año de haber llegado al lugar. Saulo llegó al predio por un caso de consumo problemático, sumado a que era diabético. Pero en el lugar jamás encontró la contención y el acompañamiento que deberían haberle brindado, sino más bien todo lo contrario: vivió sus últimos meses de una manera por demás triste y angustiante.
La trágica muerte de Saulo en el “engomado” -así se conoce en el lunfardo a la habitación aislada y con condiciones infrahumanas donde se encierra a las personas que han tenido una crisis dentro de las comunidades terapéuticas y que, lejos de ser un espacio de contención, es un “depósito” donde se los castiga- y otros episodios aberrantes derivaron en el cierre de la Comunidad San Camilo en 2017. Incluso, 11 días antes de la muerte de Saulo, había fallecido otro paciente en la “granja”. Y ambos casos motivaron un replanteo más que necesario de la Ley de Salud Mental y de estos espacios.
“Esta condena no es el punto final ni el cierre del caso. Los principales responsables de la muerte de mi hijo y de tanto daño que se hizo todavía están libres. No voy a bajar los brazos. De las testimoniales salieron a la luz las tremendas situaciones que se vivían adentro”, destacó Myriam Lucero, mamá de Saulo, luego de la condena.
Suñez, el único condenado por la muerte de Saulo
El martes 2 de agosto comenzó en los Tribunales de San Isidro el juicio contra Ángel “Pipi” Suñez, vigilante y uno de los cuidadores de la comunidad terapéutica San Camilo, que funcionó en Pilar hasta diciembre de 2017. Imputado por el homicidio culposo de Saulo Josías Rojas (quien era mendocino y tenía 23 años el día en que su cuerpo fue encontrado sin vida), Suñez es el único de los imputados por la muerte de este joven que llegó a juicio. Porque el director general de la comunidad (Martín Iribarne) y el director terapéutico de San Camilo (Alejandro Jacinto) también fueron condenados, pero les alcanzó con el cumplimiento de una “probation” para purgar su pena.
“El 14 de junio de este año se cumplieron 9 años de la muerte de mi hijo. Yo no había perdido la esperanza de que llegara el juicio, pero apuntábamos a que fuesen presos, no solo por la muerte de mi hijo, sino por todas las cosas que hicieron. Me hubiese gustado que llegaran a juicio también Iribarne y Jacinto, junto con Suñez. Porque ellos le han hecho mucho daño a muchos chicos -y no tan chicos-. Pipi Suñez fue el que encerró a Saulo y casualmente quien después lo encontró sin vida”, reflexionó Myriam en diálogo con Los Andes hace unos meses, cuando se confirmó el inicio del juicio contra el cuidador. Desde el momento en que le confirmaron a la mujer que su hijo había muerto, Myriam se convirtió en la abanderada de la causa y una incansable luchadora. No solamente en lo referido a su hijo, sino a todos aquellos jóvenes y adultos que han sido víctimas del trato inhumano en estos espacios.
“Tenemos contabilizados a más de 15 chicos que perdieron la vida en establecimientos de este tipo hasta el momento”, destacó Myriam, quien actualmente trabaja como acompañante terapéutica.
Triste, solitario y final
El 14 de junio de 2013, Myriam Lucero recibió esa noticia que ninguna madre está preparada para recibir nunca: su hijo, Saulo Josías Rojas, quien tenía 23 años y llevaba poco más de un año años viviendo en la comunidad terapéutica San Camilo, había fallecido. Lo que hace más triste esta noticia –ya de por sí, triste- fueron las circunstancias en que Saulo murió: a 1.200 kilómetros de su madre (a quien le avisaron esa noche por teléfono) y en un espacio donde debería habérsele brindado contención por su adicción a las drogas, pero donde se lo abandonó a su suerte. Además, presentaba golpes en la cara y tenía la clavícula fisurada. De acuerdo a lo manifestado por trabajadores que lo encontraron aquel día en una de las habitaciones de la comunidad terapéutica, Saulo estaba colgado de su cinturón, con uno de los extremos amarrados a la reja de una ventana.
La triste muerte del joven mendocino despertó toda una investigación sobre las condiciones de vida en las comunidades terapéuticas (no solo San Camilo, sino en todos estos espacios) encabezada por el periodista Pablo Galfré; quien trabajó codo a codo con Myriam y quien publicó un libro con las atrocidades que se viven puertas adentro de mucho de estos espacios. E, incluso, el Caso de Saulo también volvió a poner en el tapete la discusión de un tema siempre latente: la Ley de Salud Mental.
“Saulo tendría 32 años. No hay día en que no lo piense ni lo extrañe. Si él estuviera vivo, y teniendo en cuenta que llevaba casi un año en San Camilo y había llegado al lugar por voluntad propia -siempre tuvo apoyo y acompañamiento de la familia-, lo imagino ayudando a otros chicos con la misma problemática que él tenía. Porque eso es lo que él quería, él era consciente de lo que le pasaba y me dijo un día, llorando, ‘No quiero más esta mierda’. Pero era como que lo superaba. Por eso él decidió ir a una comunidad”, rememoró Myriam en las horas posteriores de haber sido notificada sobre el comienzo del juicio contra Suñez.
Poco menos de un año antes de recibir la triste noticia sobre la muerte de su hijo, el 21 de junio de 2012, Myriam Lucero y la Justicia creyeron estar tomando la mejor decisión para ayudar a Saulo; quien presentaba algunos problemas de adicción en el consumo de sustancias, sumado a una diabetes que complicaba un bastante más todo el panorama. Luego de todo un proceso judicial, por orden de un Juzgado de Familia, Saulo fue derivado e internado en una quinta de la fundación San Camilo.
En aquel momento, el lugar (actualmente clausurado y con sus principales directivos condenados, además del cuidador Suñez) se presentaba como uno de los centros de rehabilitación más importantes del país, y allí llegaban jóvenes y adultos con graves problemas de adicción de todo el país.
“Once días antes de que falleciera Saulo, falleció en el lugar Felipe Mariñasky, otro paciente que estaba en el lugar. Y después de que pasó lo de mi hijo, hubo más víctimas. Muchos chicos siguieron sufriendo de encierro en el lugar donde falleció mi hijo (que se conoce como ‘engomado’), se siguió usando como tal. Incluso, agregaron una especie de container que también usaban como ‘engomado’”, se explayó la mamá de Saulo.
Recién en diciembre de 2017 el lugar fue clausurado, por lo que la comunidad terapéutica San Camilo siguió funcionando con todas estas irregularidades inhumanas durante 3 años. “En todos estos años han seguido apareciendo víctimas de San Camilo; de antes y después del caso de Saulo. Lo peor de todo es que en los testimonios de los chicos se ve que no cambió nada, ni siquiera hubo otras inspecciones después de la muerte de mi hijo”, reconstruyó Lucero.
Según contó Myriam, después de la muerte de Saulo, aumentaron las inspecciones en las comunidades terapéuticas en todo el país, aunque no hubo un cambio de fondo en la forma se trabaja en los lugares y sus mecanismos. “Siguen siendo lugares que están escondidos y siguen facturando sin que se sepa lo que ocurre adentro. Muchos chicos se siguieron comunicando conmigo vía Facebook cuando supieron de Saulo y San Camilo, y me han seguido contando lo que han vivido ellos en esos lugares. Recién ahora muchos de ellos se están animando contar lo que les ha pasado y hacen hincapié en que tienen pesadillas, en que les cuesta mucho hablar de lo que les remueve y les ha pasado”, sostuvo la mujer en una nota publicada por en junio del 2021.
Por estos días Myriam está trabajado codo a codo con otras madres y padres de jóvenes que atravesaron situaciones similares. Una de ellas es Alejandra Guiñazú, cuya hija falleció en situaciones muy similares a la de Saulo en otra comunidad de Buenos Aires. Y, en conjunto, están investigando sobre la Ley de Salud Mental y trabajan en la creación de un órgano de revisión local que permita en Mendoza controlar el trabajo de las comunidades y establecimientos que deberían contener a personas en situaciones de vulnerabilidad.
El infierno de San Camilo
De los días de Saulo en San Camilo, su madre recuerda cómo –poco a poco- la fueron separando de su hijo. “El mismo día en que lo dejé, me reuní con uno de los psicólogos. Y cuando me quise despedir, me dijeron que no podía. Quería decirle: ‘hijo, estoy con vos’”, rememoró la mujer. Pero no la dejaron.
Durante el primer mes de Saulo en la comunidad, Myriam sólo pudo hablar por teléfono con los responsables, quienes permanente le decían que su hijo estaba en la ‘sala de reflexión’. Claro que después de que se descubrió todo, Myriam Lucero se enteró de que esa sala no era otra cosa que el tétrico ‘engomado’, una celda pequeña con dos colchones en el piso y un tarrito para hacer pis donde los encerraban castigados.
Ya al segundo mes, Myriam pudo hablar con su hijo, pero siempre había alguien escuchando, ya sea cerca de Saulo o desde otro teléfono. En mayo de 2013, Myriam fue a visitar a su hijo y, -sin saberlo en ese momento-, fue la última vez que lo vio. “Lo noté raro. Veía en su mirada que le pasaba algo. ‘Aquí las reglas no son iguales para todos’, me dijo. Y cuando me estaba por ir, me agarró de la falda y me dijo que quería ser un bebé”, rememoró Myriam a Los Andes.
El 12 de junio de 2013 -dos días antes de que Saulo muriera-, su madre llamó por teléfono y habló con su hijo, a quien notó muy angustiado. El fatídico 14 de junio, a las 17, Myriam llamó de nuevo al lugar. Pero atendió una operadora y le aclaró que no iba poder hablar con su hijo. Esa misma noche, a las 22:30, fue la madre de Saulo quien recibió un llamado de San Camilo. “Me dijeron que mi hijo había fallecido, que había tenido u infarto y lo habían encontrado en su cama. Dos días después el cuerpo llegó a Mendoza. Se fue con un sueño y me lo trajeron dormido”, se quebró en ese momento la mujer.
A principios de 2014, el periodista Galfré se contactó con Myriam Lucero y la puso al tanto de la investigación que estaba llevando adelante. Gracias al contacto con el periodista -quien, además, se estaba contactando con otros jóvenes que habían estado en San Camilo-, Myriam conoció en detalle la pesadilla que vivió su hijo.
Dos condenados a tareas comunitarias
La muerte de Saulo llegó a la Justicia, y fueron imputados por homicidio culposo el ex dueño y director del lugar (Martín Iribarne), el ex director terapéutico (Alejandro Jacinto) y uno de los operadores, el ya mencionado Ángel Suñez. Iribarne y Jacinto recibieron una probation y fueron sentenciados a cumplir con tareas comunitarias, mientras que Pipi Suñez es el único que estaba con acumulación de causas (tiene otra por robo agravado) y es por ello que llegó a juicio y recibió una condena de cárcel efectiva.
“Si no se hubiese movido todo con la investigación de Pablo Galfré, hubiese sido un caso más, del montón. Pero la voz de Saulo se sigue haciendo escuchar, más que nunca. Mi anhelo siempre fue y va a seguir siendo ser la voz de Saulo, porque cada vez hay más Saulos. Se pone mucho enfoque en las adicciones, pero a veces no se entiende que son producto de algo más. Hay que cambiar el foco del problema; y un poco eso es lo que tratamos de hacer. En lo judicial, voy a ir hasta las últimas consecuencias. El tema no va a quedar como algo perdido y que se va ir diluyendo con el paso del tiempo, porque siguen habiendo Saulos”, concluyó Myriam Lucero.
