Este sábado, agrupaciones políticas y organizaciones sociales marcharon por el centro porteño, en dirección al Palacio de Tribunales “La Corte, basurero de la democracia”, fue la consigna al cumplirse ya cinco años de la detención de la dirigente jujeña y líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagros Sala, exigiendo por su liberación, quien fue condenada por 13 años de cárcel en la causa llamada “pibes villeros”.
La marcha partió a las 12 desde la calle Alsina y avenida 9 de Julio y finalizó frente al edificio del Máximo Tribunal de Justicia, en Talcahuano y Tucumán. Bajo la consigna “La Corte, basurero de la democracia”, arrojaron cientos de bolsas de basura por encima de las vallas en la entrada de la sede judicial.
Alrededor de las 13 horas, los manifestantes habían copado las inmediaciones del Obelisco, en avenida 9 de Julio y Corrientes, generando caos vehicular.
La dirigente social está detenida en su casa como presa política según la consideran kichneristas. “Seguimos presos, los que nos gobiernan tienen que cambiar las cabezas”, había dicho en agosto pasado. “Me considero una presa política. Primero de Gerardo Morales (gobernador de Jujuy), después de Macri y ahora de la democracia”, agregó. Al presidente Alberto Fernández le molesta que hablen de “presos políticos” en la Argentina y señala que lo que hubo durante el macrismo fueron “detenciones arbitrarias”.
Uno de los principales convocantes fue el referente de La Cámpora y Ministro de Desarrollo bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, quien tuiteó la convocatoria diciendo: “La Corte que la corte”.
A pesar del reclamo del sector ultrakirchnerista, el presidente Alberto Fernández ya había descartado la posibilidad de un indulto a Milagro Sala y los demás presos K en el mes de junio. “Si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso”, señaló.
Y sobre lo mismo explicó: “El indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quien había sido condenado y en esos términos se transfirió a la Constitución, que impone algunas limitaciones. El Presidente puede indultar a los que han sido condenados, por lo tal no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto, tiene que haber alguien condenado”.
Precisamente, en la Corte Suprema existen recursos de la defensa de la dirigente condenada en busca de revertir su situación judicial. Su defensa pretende que la Corte acepte el recurso de queja presentado por los abogados de Milagro Sala, anulen el juicio en su contra conocido como “pibes villeros” y ordenen la libertad inmediata.
Sala fue arrestada en 2016 por un acampe frente a la sede del gobierno jujeño que lidera el radical Gerardo Morales. Entre las condenas que recibió hay una a tres años de prisión en suspenso por encabezar un escrache contra Morales en 2009, cuando el actual mandatario provincial era senador. Además fue condenada a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa llamada “Pibes Villeros”. En ese expediente se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se hicieron, entre 2011 y 2015.
En 2018 la Corte Suprema determinó que la dirigente volviera a cumplir prisión domiciliaria al ordenarle al juez de Jujuy Pablo Pullen Llermanos que le devuelva el beneficio a la dirigente, tal como lo había solicitado en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Carta de apoyo de militantes de la Tupac Amaru
Este miércoles, un grupo de más de 1.600 referentes políticos, judiciales, sindicales y de movimientos populares difundieron una carta de apoyo a la líder jujeña y a quienes denominan “presos políticos” de la agrupación Tupac Amaru.
“Milagro Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora”, asegura el texto y luego describe el proceso judicial y concluye: “Desde nuestro más profundo compromiso con la República y el Estado de Derecho, exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”
