Un productor agropecuario de Córdoba deberá pagarle 2 millones de pesos a un empleado que trabajó durante 12 años en el establecimiento en condiciones deplorables. Según trascendió, el damnificado se dedicaba a la cría de vacas y no tenía francos, ni luz ni baño.
El hecho ocurrió en Coronel Moldes, una ciudad cordobesa situada en el departamento de Río Cuarto. Según el fallo del Tribunal Oral Federal 1 de esa provincia, el empresario ganadero Hugo Kuseman, de 82 años, imputado por el delito de trata de personas, acordó pagarle esa suma a un empleado que tuvo trabajando en el lugar durante 12 años para evitar la continuidad del juicio. Esa compensación se suma a los $ 500 mil que Kuseman ya le había pagado en el marco de un acuerdo celebrado en 2020.
El productor agropecuario se le imputó haber explotado laboralmente a su empleado “a través del pago de salarios insuficientes, haciéndole cumplir jornadas laborales sumamente extensas de lunes a lunes, sin gozar de francos que le permitieran el descanso, en condiciones de habitabilidad deplorables, no tenía baño instalado ni electricidad”, según precisa el fallo.
Y agrega: “Además la víctima se encontraba impedido de interrumpir la relación laboral por cuanto no disponía de dinero suficiente, y en caso de tener que ir a visitar a su mujer enferma, debían cubrirlo en su trabajo sus nietos de 13 y 17 años de edad, lo que demuestra que sus salidas del establecimiento estaban restringida; todo lo cual denota una situación de debilidad de la víctima frente al actor a quien difícilmente podría oponerse”.
El tribunal cordobés precisó en su fallo que, según lo publicado en la ley 27.147 que fue formalizada en el Boletín Oficial en 2015, la acción penal contra Kuseman se extingue por el acuerdo alcanzado con la víctima.
Según Clarín, el juez Julián Falcucci homologó el acuerdo de las partes: “Encuentro razonable encuadrar este caso en el instituto de conciliación, dadas las dificultades que merece una eventual apreciación de la entidad del daño ocasionado a la víctima a los fines de entenderlo reparado en su integridad”.
“Asistimos a un cambio de paradigma en el derecho penal, al propender a la solución de conflictos por mecanismos alternativos a la tradicional imposición de las sanciones penales (prisión, multa e inhabilitación). Con el foco puesto en la víctima del delito, se abre a la par la posibilidad de una mejor situación procesal del imputado –quien de otro modo debería enfrentar un juicio oral con la posibilidad de sufrir una pena– y se favorece la dinámica de la praxis judicial”, evaluó.
Así, la resolución judicial señala que Kuseman “se encuentra obligado al pago de la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), pagaderos a partir del mes de junio, en dos cuotas iguales y consecutivas”.
