El Gobierno ajustó el cierre de fronteras hasta, al menos, el 9 de julio y redujo de 2.000 a 600 personas los permisos para el ingreso diario al país. Estas medidas contempladas en la Decisión Administrativa 643 publicada el viernes último generaron severas complicaciones.
En las redes sociales se multiplicaron los testimonios de personas que ya tenían vuelo de regreso e incluso algunas estaban en los aeropuertos a punto de embarcar cuando las aerolíneas les informaron que debían reprogramar. Sólo en junio, 44.242 personas viajaron al exterior: el 60% por turismo; el 15% por trabajo; el 14% por residencia; el 6% por mudanza; el 3% por estudio; y el 2% por “otros motivos”.
Para el Gobierno de Alberto Fernández, no se trata de una medida sorpresiva, porque todos los pasajeros firmaron una declaración jurada en la que aceptaron las consecuencias de viajar durante la pandemia. En esa declaración, destacan en Casa Rosada, cada viajero era informado de que la salida del país implicará “la aceptación y asunción de las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de las mismas y del eventual reingreso a la Argentina”.
La Directora de Migraciones, Florencia Carignano, ratificó ayer que “no van a haber vuelos de repatriación” de argentinos. Y explicó que la situación es “diferente” a la de 2020 cuando inició la pandemia, porque esta vez los viajeros sabían que podría haber medidas que restringieran el regreso.
A través de la actualización de su programación internacional, la estatal Aerolíneas Argentinas confirmó que canceló 59 de los 90 vuelos regionales y de larga distancia programados hasta el 11 de julio.
“No hay varados”, insistió y dijo que los 45 mil argentinos de los que se habla salieron del país por turismo “en los últimos cuatro meses”. Y señaló que, según datos del organismo dependiente del Ministerio del Interior, en el último mes unos 26 mil argentinos salieron del país con fines turísticos, de los cuales 10 mil lo hicieron en la última semana.
