El domingo se registró un intento de usurpación en un terreno cercano al Barrio Ceferino Namuncurá, en Luján de Cuyo, caso que se suma a los ya registrados en la coyuntura nacional y que despiertan profundos debates en torno a la forma de abordarlos en lo inmediato y las respuestas políticas y sociales que requieren.
Sergio Quiróz, Comisario Inspector Jefe de Seguridad Distrital 5 (Maipú, Luján de Cuyo y Corredor Internacional) informó que fueron identificadas 10 familias encabezadas por mujeres y que interponen a los niños para evitar el accionar policial. “A partir de esta forma de organización, se puede inferir que es gente que se dedica a este tipo de procedimientos”, pronunció. Consultado por la procedencia de estas personas, Quiróz comenta, “no hay certeza al respecto pero por sucesos anteriores, se puede suponer que se trate de personas que vivían en lo que era el Bajón Luján, gente que fue debidamente reubicada y que pasado un tiempo, entregan o venden las viviendas para no pagar los servicios. Hemos encontrado ramales de agua con pinchaduras para desviarla a los asentamientos”.
“Estamos en alerta, tenemos identificadas hipotéticas intenciones de usurpación”, informa el Jefe de Seguridad Departamental. Se cuenta con un cronograma de patrullaje sobre estas zonas identificadas: Agrelo, Perdriel, Ugarteche, Chacras de Coria. Los lugares potenciales se identifican por las características del terreno, por la cercanía a zonas urbanas para tener acceso a los servicios a mano, de manera clandestina. “Venimos trabajando desde hace 3 años en este tipo de casos. Luján es una zona potencial para este tipo de hechos. Nos ha sido de gran ayuda la actitud de los vecinos, quienes nos alertan y nos piden que intervengamos porque donde se establece un asentamiento la zona se vuelve problemática. Tenemos el apoyo y el acompañamiento del Ministerio de Seguridad, de la comuna y otros organismos” asegura Quiróz.
“Se debe brindar un abordaje en conjunto e intensivo de la problemática. Hay que evitar que se vulnere el derecho a la propiedad privada pero hay una parte social que hay que atender y responder con urgencia”, reflexiona.
Respuesta legislativa y política
En consonancia con los hechos, los diputados provinciales del Frente Renovador, Jorge Difonso y Mauricio Torres presentaron un proyecto de ley el viernes que propone la quita de beneficios de planes sociales tanto provinciales como nacionales, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto, a quienes incurrieran en usurpaciones, como así también denegar el acceso a los planes del Instituto Provincial de la Vivienda.
El mismo tomará estado parlamentario mañana, en la sesión de Diputados, en la cual se solicitará el tratamiento sobre Tablas. “Se acredita la urgencia dado el contexto. No es casualidad que haya una ola de intentos de usurpación en diferentes puntos del país y de la provincia. No son casos aislados”, asegura Difonso.
“Si bien en el último tiempo tomaron estado público algunos casos como los de Tunuyán, San Carlos, Luján de Cuyo y también Guaymallén, ocurren con anterioridad y persisten”, comenta el diputado. “Se han registrado en muchas estaciones de tren usurpaciones ilegales, a lo largo de los 800 km. de vías que tiene Mendoza. Y también se ha avanzado más allá de la trocha, se ha expandido la usurpación de terrenos por parte de privados”.
“Acá hay otra cosa importante, debemos salir de la estigmatización sobre que estos casos ocurren sólo para el asentamiento de villas, también son consumados por privados, por empresas. Considerando esto, el proyecto propone que se quite la posibilidad de acceso a moratorias y subsidios”, explica Difonso.
El ex intendente sancarlino asegura que existe un tipo de manipulación política, mediante la cual referentes políticos se ponen al frente para brindar coordinación, logística y traslado de personas y de herramienta, y también, el oportunismo del negocio, de aquellos que buscan vender o alquilar el predio arrebatado”.
“Estos intentos son históricos y como ex intendente de San Carlos lo viví y lo sufrí. Considero que debe existir una legislación al respecto, que quede clara cuál es la posición del Estado”.
