La intersección de calles Uruguay y Juncal dentro Recoleta es, desde el pasado lunes, territorio marcado. Luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara la condena de Cristina Kirchner a doce años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer funciones públicas, el activismo se apostaba frente a la casa de la “jefa”. El reducto de cientos de personas instaladas en el barrio de Buenos Aires ha transformado la vida cotidiana de los vecinos, que se habían autoconvocado entonces para exigir una solución.
“Te sentís desprotegido y absolutamente indefenso”, dijo Lucio, un abogado de 43 años que pidió mantener su apellido a LA NACIÓN. Se trata de un vecino del barrio, quien esta mañana escribió una carta describiendo la realidad que aqueja a vecinos y comerciantes desde hace más de 120 horas. La llamada continuó durante horas.
El objetivo, aclaró Lucio, es la unión de muchos en un bloque para sacar adelante una reivindicación. “El ritmo de vida y la seguridad en el barrio se han visto totalmente afectados” describió en una carta que publicó esta mañana, que ya ganó el apoyo de media docena de negocios y decenas de vecinos de las cuadras.
“Hay muchas cosas que pasan en el día a día”, detalló el letrado, que comenzó a enumerar: “El tráfico ha estado cortado gran parte del día, incluso en momentos en que la cantidad de gente reunida no lo justifica”.
Simpatizantes de Cristina Kirchner hacen vigilia en la puerta de su edificio en Recoleta
Mientras el sol comenzaba a ponerse en Recoleta, la tarde del viernes comenzó a aumentar el número de activistas. El panorama parece haber evolucionado desde el lunes, incluso con la presencia de vendedores de mercancías con la cara y leyendas de la vicepresidente. “A $ 1500 cada uno” saludó el vendedor, quien se enorgullece de haber vendido más de dos mil desde que Alberto Fernández asumió la presidencia.
“Los grupos se ven obligados a cambiar su ruta, los peatones no pueden circular libremente y no es seguro circular entre los manifestantes con nuestros hijos menores ni de noche”, continuó.
Así, Lucio también describió que gran parte de los manifestantes pasan horas sentados en las aceras comiendo y bebiendo. “Consumen alcohol (además de otras sustancias) y defecan en la calle”, se rebela quien denuncia la inacción de las autoridades en la materia.
En su entrevista con este medio, Lucio destacó que su reclamo no está ligado al color político del activismo. “No es ni en contra ni a favor de Cristina Kirchner. Estamos acostumbrados a las movilizaciones”, dijo, y continuó: ”Pero nunca duran más de unas pocas horas. Ahora somos rehenes.
En el puñado de arterias que mana del cruce de Juncal y Uruguay hay tres jardines de infancia, tres escuelas y al menos una casa de retiro. Aunque la zona es conocida por su tranquilidad, es un centro para familias, especialmente durante el día.
“La seguridad de cientos de niños está en peligro”, considera Lucio, quien señala: “Los buses escolares no pueden circular por la zona, lo que obliga a los niños a cruzar a pie las manifestaciones”.
Según fuentes de la Policía Municipal, muchos vecinos de la zona (no han querido precisar una cifra) se han quejado a las autoridades de un tipo de intervención que les devolvería a la normalidad. Cuando se le preguntó si había un plan de ejecución en mente, la respuesta fue enfática: “Nada es seguro todavía”.
A más tardar se sumó la presencia de funcionarios de la Agencia de Control Gubernamental (AGN) de la ciudad de Buenos Aires. Su papel, según explicaron, es lograr que no se instalen parrillas improvisadas en el barrio, postal repetida en las últimas noches. “Es la policía la que hace los desalojos”, dijo un agente.
Activistas de ATE frente a la casa de Cristina Kirchner
Luchi, dueña de un local a metros de Cristina Kirchner, dijo a LA NACIÓN los males que padeció. Según una estimación rápida, ya ha perdido unos 200.000 pesos en facturación y eso es alrededor de $ 10,000 en bienes vencidos, como pan.
“No son violentos, pero nadie quiere entrar en un negocio si la puerta está ocupada por desalojados”, señala la mujer, acompañada de su madre que lamenta las pérdidas del negocio de su hija. “Pero tienen que entender que esto es una zona residencial, no el Congreso Nacional ni la Avenida 9 de Julio”, señala el comerciante.
En la esquina que cruza en diagonal el edificio donde vive Cristina Kirchner, un café está funcionando constantemente. Un grupo de militantes peronistas, jóvenes y mayores, charlan en un bar. “Vamos a bancar a Cristina Kirchner hasta que se haga justicia”, aseguran. ¿Cuánto tiempo se quedarán allí? “Hasta que sea necesario”, limitaron.
De acuerdo con el activismo presente en este entorno, este fin de semana está previsto un despliegue aún mayor, incluida una feria de economía popular.
En este contexto, los vecinos no visualizan el barrio liberado en el corto plazo. “Siempre fue un barrio caracterizado por una tranquilidad muy particular, y ahora esta situación ha cambiado la forma de vida y el ritmo de la noche a la mañana”, observó Lucio. “Queremos que alguien haga algo por el bienestar de las familias que viven en el barrio y el interés económico de los negocios”, señaló.
