Guernica reúne todos los condimentos de los dilemas que se instalan cuando la legalidad es sujeto de debate. Es una auténtica caja de Pandora, en la que los manejos subterráneos de la política territorial, las especulaciones individuales y la violencia conviven con la realidad indiscutible de la pobreza más extrema que se agravó con la pandemia y con las formas de reclamo de los que están en el fondo del abismo.

La toma de tierras que se inició en julio pasado, cuando el país transcurría 120 días de la cuarentena contra la amenaza invisible del Covid-19, ahora cubre alrededor de 100 hectáreas que forman parte de un descampado entre los barrios conocidos como Numancia y San Martín, en esa localidad cabecera del partido de Presidente Perón. Está a un par de cuadras del típico centro cívico donde se ubica la sede municipal y de la estación del ferrocarril Roca, que en 50 minutos completa el recorrido hacia la Capital Federal, cruzando varias de las principales localidades del sur del conurbano bonaerense.

Guernica es ese conurbano que se replica en todos lados, y donde los usos y las costumbres se amoldan a las necesidades, tal como lo constató este medio en una visita al corazón de la toma más crítica de la Argentina.

Barro, nailon y banderas

Negocios de productos de limpieza sin marca y que se venden sueltos, verdulerías, panadería, carnicerías, y todo tipo de comercio con fachadas coloridas. Cada tanto, algún auto abandonado sobre una vereda, bolsas de arena, pilas de ladrillos y casas sin revoque, ropa colgada en los alambrados y una madre que camina con su hijo en brazos porque en el carrito de bebé lo usa para llevar paquetes de harina. A medida que uno se aleja de la Capital y se acerca a Guernica, el conurbano se encarga de dar muestras de su identidad.

Las señales que primero son intermitentes luego se transforman en el paisaje que caracteriza a cualquier barrio humilde: una inmensa escuela pública, plazas, un potrero que genera nostalgia y hasta la cabina de un teléfono público en plena vereda que solamente los del siglo pasado pueden justificar. Todo eso en las pocas cuadras que separan la toma de Guernica con la ruta 210, conocida por los del sur como la famosa avenida Hipólito Yrigoyen, que zigzaguea a la par del tren Roca.

Cuando restan unos metros para llegar, la primera imagen que asombra es la que conforman decenas de banderitas de la Argentina flameando en lo más alto de los postes con los que se diferencian los terrenos. Las cunetas colmadas de agua y el barro por todos lados son el resabio más evidente de la reciente lluvia. Y ya más cerca, los improvisados toldos de nailon consiguen sonoridad con incesante golpe del viento. La toma es imponente, y es imposible, a primera vista, vislumbrar el final.

Barro y más barro. Los vecinos del lugar explican que los predios que se ocuparon son de los más bajos en la zona. Y lo más crudo de la realidad no tarda en hacerse presente: son las 9:30 y en una mesa vieja de madera, frente a una de las primeras “carpas”, un grupo de nenes arranca el día con un desayuno improvisado, a base de mate cocido.

Ese terreno, delimitado por ramas y algún alambre rescatado de la basura, lo tomó Nicolás con su esposa embarazada y sus cuatro hijos. Él relata que fue uno de los que participaron en la primera avanzada sobre el predio y que llegó con su familia porque estaban viviendo en la calle, cerca de la plaza de la estación Constitución.

“Un amigo me contó de la toma y nos vinimos con las manos vacías”, dice, casi justificándose. Recuerda que primero se había instalado en otro lugar del predio, pero tuvo que correrse porque a la noche aparecía gente para desalojar, a los tiros. Nicolás no tiene trabajo, ni siquiera DNI.

Matías es primo de Nicolás. Se instaló en un terreno lindero y también está con su pareja y sus cuatro hijos. Según reconstruyó, trabajaba en la construcción, pero lo echaron en el marco de una “ola de despidos”, y se las rebuscó con changas para pagar el alquiler hasta que todo se complicó aún más por el coronavirus y terminó en “situación de calle”.

Ambos dicen que los primeros días fueron los más duros por los enfrentamientos y porque no había nada para aguantar el frío de julio a la intemperie. Pero también comentan que algunos de los vecinos de los barrios cercanos empezaron a ayudarlos, sobre todo, para atender a los chicos. Y claro que resaltan el trabajo de las “orga”, como les dicen a las organizaciones sociales que organizan las ollas populares y la representación legal.

“Los boquita”, fusta y bala

Los grandes predios afectados en Guernica son dos, aunque inicialmente hubo grupos que intentaron avanzar sobre más zonas. Unas 60 hectáreas son de la firma Bellaco S.A, donde está previsto la construcción de un country. Según constató este medio, en ese lugar son pocas las personas que mantienen la ocupación y solamente se ven decenas de tinglados de nailon abandonados.

Los representantes legales de Bellaco fueron quienes impulsaron las acciones judiciales para solicitar el desalojo, junto con otros vecinos damnificados, como Guido Giana, quien vive con su familia en un campo pegado a la toma y tuvo que solicitar custodia policial para evitar que avanzaran sobre su propiedad. Giana es concejal de Juntos por el Cambio.

El otro predio, de unas 23 hectáreas, es el que se convirtió en el epicentro de la ocupación y pertenece a varias personas, a las que costó identificar de entrada y alegan ser beneficiarios de cesión de derechos posesorios.

En apenas cuatro días, lo que arrancó siendo una toma de un grupo de alrededor de 40 personas se convirtió en una avanzada de más de dos mil familias.

Y en esa primera etapa se vivieron situaciones de todo tipo, como la venta de terrenos; y de extrema tensión, como los ataques que les atribuyen a los cuidadores del lugar, conocidos localmente como “los boquita”.

Los distintos testimonios dan cuenta de que “los boquita” aparecían de noche para tratar de sacar a los ocupas por la fuerza. Lo hacían a caballo, dando fustazos y disparando. Esos episodios dejaron de sucederse cuando finalmente la Policía instaló una base en el lugar para evitar el ingreso de más personas. Sin embargo, según advierten los ocupas, los tiros continúan durante la noche.

Susana, sola con sus dos hijos.

–Miedo tuve cuando hubo represalia.

–¿Y qué hiciste?

–Me llené de coraje.

–¿Y qué significa?

–Plantarse y pedirle a Dios que nos guarde de las balas.

–¿No es muy extremo todo?

–Cuando estás al límite, te sale lo peor o lo mejor. Yo, si me voy de acá, no tengo nada.

Son las palabras de Susana, cuya historia personal representa una buena referencia para conocer la dimensión del conflicto. Ella tiene 32 años, una hija de 15 y un nene de 4, y también fue una de las primeras en sumarse a la toma de Guernica.

Susana vivía en Pilar y, según relata, trabajaba cuidando a un paciente oncológico en un country. “Soy extraccionista”, se jacta. Luego recuerda que por la cuarentena perdió sus ingresos y comenzó a acumular deudas de alquiler, hasta que una prima, que vive en Guernica, la llamó para contarle que había “movimiento en el barrio” de gente que andaba con carpas y lonas.

“Tomé coraje y me vine para acá”, rememora. Llegó a Guernica porque la llevó el padre de su hijo menor, el mismo que le construyó un espacio de tres metros cuadrados de madera con techo de lona y el mismo que la dejó ahí. A pesar de eso, cuando habla de las dificultades, Susana solamente se refiere a “la lluvia, el frío y los tiros”. Es que, aclara, el abandono no le resulta novedad.

“Acá tienen que ofrecer una propuesta digna, que nos den las tierras, pero para pagar. Nada es gratis, tampoco estas condiciones en las que estamos viviendo. Yo estoy sola de noche con mis hijos, y alrededor hay gente que vino para esconderse, porque sabe que la Policía no va a entrar”, agrega.

La otra cara del conflicto

Para Guido Giana, su mujer y sus hijos, la toma representa una pesadilla cotidiana. Ellos viven en un campo familiar que se encuentra pegado a los predios usurpados y que incluso fue blanco de los ocupas.

Desde julio, Giana convive con los efectivos de la Policía que instalaron un campamento en su propiedad y gestiona los reclamos judiciales para concretar el desalojo. Lo hace sin desconocer que el problema de fondo es la grave crisis habitacional, pero aclara que la solución no puede ser el avance sobre la propiedad privada.

“Esto se resuelve con un Estado ordenador, que con el diálogo y el consenso atienda los casos de estas personas, pero fundamentalmente sin validar un delito, que es lo que hoy está ocurriendo”, plantea.

La histórica crisis habitacional de la Argentina y el ineficaz rol del Estado validan tanto los argumentos de quienes resisten en la toma para reclamar tierra por tierra como los de Giana, que exige que se respete la propiedad privada.

Es el caldo de cultivo que fomenta un Estado ausente, no solo para la resolución de conflictos urgentes, sino también para proyectar soluciones a largo plazo que garanticen los derechos más básicos. Es un fenómeno más en un país donde la política hace que todo parezca relativo.

* Este texto fue publicado originalmente por La Voz. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.