El concejal de Juntos por el Cambio Guido Giana vivió en carne propia la tensión de las masivas tomas de tierra que se produjeron en los últimos días en la localidad bonaerense de Guernica y que instalaron una nueva interna dentro del oficialismo, en la que no faltaron las acusaciones cruzadas entre altos funcionarios del gobierno provincial y la Casa Rosada.

“Hace 30 días que vivimos una pesadilla”, describió Giana, quien se crió en esa zona y actualmente realiza en su propiedad actividades vinculadas con la cría de animales.

Es que, según relató, su campo también fue blanco de quienes promovieron las usurpaciones. “”Habían entrado en julio, se metieron  50 personas y los pudimos sacar porque los encontramos en flagrancia”, rememoró.

Ahora, las fuerzas de seguridad que se trasladaron a la zona instalaron una suerte de base de operaciones en el predio de Giana. Incluso, en el lugar opera el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense, que interviene en las situaciones de crisis.

“En una ronda les dije a los policías: Si ustedes se caen yo me caigo también”, reveló Giana, quien sigue de cerca la situación junto a la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.

El concejal de JxP advirtió que detrás de las usurpaciones hay “organizaciones que vienen, plantan banderas, después venden los terrenos”. “Usurpan y nadie hace nada, nadie los saca”, se quejó.

Aunque reconoció que existen necesidades sociales y habitacionales, Giana remarcó que las mismas no se pueden resolver con un avance sobre la propiedad privada. “Yo soy concejal de la oposición y estamos trabajando en conjunto en esto. Cantero dice ‘no sobre la propiedad privada’, nadie la fue a ver con un conflicto habitacional para que hagan esta toma”, insistió en declaraciones a radio Led.

“No puede ser que uno tenga que estar todo el tiempo reconfirmando que lo de uno es de uno. Tiene que estar el Estado presente, comprar predios, construir, urbanizar, delimitar las calles, poner cloacas”, agregó.

Giana alertó sobre la creciente tensión que se vive en la zona, donde hay menores de edad y en la que también se produjeron incidentes con arma de fuego. “Se escuchan tiros y una persona tuvo una herida de bala en la cabeza pero afortunadamente le pudieron salvar la vida”, indicó.

“Evidentemente con esto alguien está ganando porque si no no se estaría replicando en todos los municipios alejados de la Capital Federal. Esto se va a replicar en todos lados, en la provincia de Buenos Aires hay un montón de espacio”, alertó.

La problemática de las tomas resurgió y se convirtió en un conflicto creciente en todo el país, tal como se observó la semana pasada con las manifestaciones contra las usurpaciones en Villa Mascardi, en Río Negro.

La ministra de Seguridad Sabina Frederic volvió a ser blanco de críticas porque presentó una denuncia penal contra quienes se movilizaron con ese reclamo porque, argumentó, había información sobre la posibilidad de que se produzcan hechos de violencia con el uso de armas de fuego.

Por aquellos días Frederic aseguró que “la toma de tierras no es un tema de Seguridad”, palabras por las que protagonizó un nuevo cruce con su par bonaerense, Sergio Berni, quien alertó sobre la ilegalidad de las usurpaciones y hasta responsabilizó al secretario de Asuntos Parlamentarios del gobierno nacional y líder del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro.

El jueves, la ministra reconoció que las tomas son ilegales y que preocupan, al igual que el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La situación tomó tal dimensión, que hasta los propietarios de viviendas en el Partido de la Costa se movilizarán este viernes para reclamar que levanten las restricciones que se aplicaron por la cuarentena contra el coronavirus para permitirles controlar el estadio de sus viviendas.

Los intendentes bonaerenses, en estado de alerta

Los intendentes de la Tercera Sección Electoral bonaerense condenaron “la ocupación ilegal de tierras y viviendas”, reclamaron la intervención de la justicia para “hacer cumplir la ley” y consideraron que “el Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio”.

“No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio”, sostuvieron los jefes comunales de la zona que, junto con la Primera Sección, son las más populosas de la provincia de Buenos Aires.

Tras una reunión en el municipio de Presidente Perón, los jefes comunales emitieron un comunicado en el que condenaron “rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas”.

“Es un delito y, como tal, la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley”, dijeron.

En el documento, al que tuvo acceso Télam, explicaron que se reunieron para “abordar de manera conjunta esta preocupante situación y llevar respuestas a nuestras comunidades”.

Agregaron que “nos comunicamos con el Ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y haremos lo propio con el Departamento Judicial de La Plata, que actúa en el caso de la toma de terrenos en Guernica”.

Además, le solicitaron al gobernador Axel Kicillof una reunión de trabajo sobre este tema para coordinar acciones en conjunto y adelantaron que también se reunirán con diputados y senadores provinciales para analizar la legislación actual.

Los 19 municipios de la Tercera Sección son La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lobos, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente.

“Entendemos que la crisis sanitaria que el mundo está atravesando ha expuesto también la crisis social y la desigualdad que hoy en día miles de argentinos y argentinas aún siguen padeciendo. Por esta razón, tenemos que trabajar todos juntos sobre qué modelo de sociedad queremos”, graficaron.

Consideraron que “la urbanización debe ser una política de Estado y que es necesario trabajar en coordinación entre Nación, provincia y los municipios para facilitar el acceso al hábitat con viviendas dignas para el conjunto de la sociedad”.

“Desde el Estado Nacional y el Estado provincial se tiene que establecer una política clara para el desarrollo urbano, el hábitat y la construcción de viviendas para las familias que aún no cuentan con un lugar digno donde vivir. Lo que debemos hacer es responder a esa necesidad con programas y políticas públicas que reviertan esta situación”, consignaron.

Además, sostuvieron que “la urbanización de los barrios populares no puede quedar en una consigna”.

“Tenemos que discutir seriamente cómo se va a financiar la politica de vivienda, para construir una sociedad mas justa es necesario discutir la distribución del riqueza en la Argentina y el proyecto de ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas es un paso en este sentido, sobre el cual debemos seguir profundizando”, subrayaron.

“No podemos seguir viviendo en la hipocresía de ver como muchos chicos y chicas nacen y crecen en la inmoralidad de la exclusión, sin tener las condiciones mínimas de vivienda aseguradas. Nuestro deber es con ellos”, concluyeron los jefes comunales.