Este miércoles se ratificó un acuerdo entre el ministerio de Seguridad y el Instituto, en el cual se busca fomentar la reinserción social de los internos una vez cumplan sus condenas.
Se habían escapado de la Alcaidía N°9 en Liniers. Sus delitos van desde hurto agravado, robo y hasta el más grave, preso por homicidio en grado de tentativa. Dos hombres fueron recapturados.
Se trata de medidas cautelares que pesaban sobre los complejos Almafuerte y San Felipe desde hace una década. El organismo reconoció un crecimiento notable de estructuras “nuevas y modernas” para alojar a los presos.
La medida tiene como objetivo fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad mediante la adquisición de habilidades laborales.
Son un poco más de 60 reclusos los que deberán usar ese uniforme en determinados casos.
La riña, ocurrida en el pabellón “9 C” de la penitenciaría provincial, demandó el accionar de grupos especiales de seguridad. Los heridos debieron ser atendidos en el hospital Central y el Lagomaggiore.
Dos de los fugitivos son de origen argentino y los otros dos son chilenos. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves.
Será en el caso que reúnan las condiciones para el ascenso pero que no puedan hacerlo por falta de vacantes.
La ministra de Seguridad lanzó la “Nueva Historia Criminológica”, una modificación que pretende mejorar la reinserción de los reclusos. Aseguró que es una modificación para mejorar las prácticas penitenciarias.
Cada ración de comida cuesta $7.867. En un mes, el Estado Provincial destina $1.615 millones en la compra de raciones alimentarias.
Seguridad y el Servicio Penitenciario buscan darles herramientas cruciales para su desarrollo personal y profesional a través de formación técnica y para el trabajo. Destacan que ha crecido significativamente el número de internos involucrados en actividades laborales.
Ocurrió en un penal de Perú. Autoridades penitenciarias aclararon que el felino está bien cuidado. Vive con los presos y cuenta con todas las comodidades.
Los agentes del Servicio Penitenciario descubrieron el pájaro cerca de uno de los portones de entrada de la prisión de Coronda. El mismo presentaba heridas y tenía un nylon atado a una de sus patas, el cual contenía 61 gramos de marihuana.
El objetivo del operativo fue neutralizar los ilícitos que se comenten desde el interior de las unidades carcelarias.
Lejos de la imagen que la población puede llegar a ilustrar sobre un contexto de encierro, un grupo de reclusos compartieron en sus redes sociales el almuerzo que preparaban y estallaron los comentarios. Además, aprovecharon de enviarle saludos al padre de un exconvicto.
El interno de 30 años estaba solo en su celda. Fue encontrado sin vida a primera hora. Había sido sentenciado por el crimen de un comerciante en Las Heras en 2021.
Fueron 56 los allanamientos realizados en el 2023 en función de denuncias recibidas. Estafas online y extorsiones, entre los más frecuentes. En un período de poco más de un mes en 2022 hubo 300 denuncias.
El juez Sebastián Sarmiento recibió el primer recurso formal en contra de la resolución en la que dispuso las pautas para el retiro de celulares de las cárceles. El Ministerio Público Fiscal quiere que se aplique la ley “sin condicionamientos”.
El juez Sebastián Sarmiento dispuso ponerle fin a la autorización para que las personas privadas de la libertad tengan celulares en las celdas. El Ministerio Público Fiscal era uno de los férreos opositores.
El juez Sebastián Sarmiento decidirá si se prorroga el permiso de uso de celulares en las cárceles o se retorna a la ley que prohíbe su utilización. Para el Ministerio Público Fiscal ya no existe una “emergencia sanitaria” pero para los defensores del uso de dispositivos, el DNU de Milei establece una continuidad.
Hay 6.000 internos en total y 4.000 aparatos. A comienzos de enero, la Justicia provincial definirá si mantiene o no el permiso de usarlos. El Ministerio de Seguridad y Justicia no quiere que los presos mantengan este beneficios.
Se trata de Boulogne Sur y San Felipe, que albergan 2910 internos. Un estudio de la empresa que asesora al Gobierno señaló que los dispositivos podrían bloquear las comunicaciones del Polo Judicial y de los vecinos de la zona.
