Luciano y Nahuel, hijos del exmagistrado, y Marta Boiza, su esposa; enviaron una carta al gobierno de los Estados Unidos para cuestionar un informe de derechos humanos que menciona el caso. Acusaron al fiscal de desinformar y manipular el proceso. Los tres están acusados en el juicio.
El informe del gobierno de los Estados Unidos no se limita a los casos de corrupción en la conducción del Estado durante los años del kirchnerismo. También hace referencia a causas que involucraron a integrantes de la Justicia, poniendo como ejemplo destacado la sentencia que recibió el juez federal de Mendoza Walter Bento.
Nadie duda de que la corrupción en el poder no nació en este país con los gobiernos de la familia Kirchner; forman parte de décadas de desencantos de la gente con sus representantes. Pero es indudable que la trama que se gestó durante sus años de gobierno sobrepasó los límites de lo imaginable y también incluyó presiones sobre jueces y fiscales.
Con una autodenuncia, la compañía aceptó en la Justicia una serie de pagos indebidos a funcionarios entre 2014 y 2018.
Esto se debe a que la defensa del exmagistrado recusó a las juezas del TOF2 porque no ha ordenado su inmediata libertad. La Cámara de Casación Penal deberá resolver este pedido.
Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución que dispuso la prisión preventiva del exjuez federal.
La provincia atraviesa un escenario delicado con caída de recaudación producto de la recesión que generan las medidas del presidente Milei apoyado por el gobernador Cornejo y el radicalismo local. Los salarios docentes son los más bajos del país, tenemos la mayor cantidad de indigentes de todos los aglomerados urbanos que mide el Indec, la pobreza más alta que el promedio nacional y la más elevada de Cuyo. También con delicadas situaciones referidas a la “institucionalidad” que avergonzarían a cualquier provincia. Sin certezas sobre el desarrollo minero y el crecimiento económico que se produciría si se ordena la macroeconomía.
En la etapa final de un largo camino recorrido tras la denuncia pública que la marcó de por vida y que concluyó con un ex vicepresidente preso, dijo a Los Andes que el programa de Testigos Protegidos se encuentra acéfalo. “Es el momento de actuar”, sostuvo.
La investigación iniciada hace unas semanas de por qué un decreto presidencial ordenó a todas las reparticiones del Estado contratar sus pólizas con Nación Seguros, que es parte del Estado, a través de intermediarios, está avanzando a buen ritmo, como debería ser en todos los casos.
Una auditoría llevada adelante por la gestión actual asegura haber detectado irregularidades en la compra de yerba, hecha por Desarrollo Social, y deficiencias en la línea 144.
Antes de la feria judicial finalizaría el análisis de los casos de coima y en el segundo semestre empezará la etapa patrimonial, que involucra a la esposa y los hijos del exjuez. Desfilarán por tribunales federales al menos 55 testigos más.
Es muy importante que el gobierno nacional haya decidido promover ante la Justicia los actos irregulares detectados en el funcionamiento del Estado, porque la transparencia de las decisiones políticas y el manejo de los fondos es algo que, de una buena vez, debe quedar instalado en la Argentina.
El dirigente social y ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner habría redireccionado fondos públicos a sus organizaciones. Llegó a manejar un billón de pesos.
La presentación en la Justicia se realizó desde el Ministerio de Capital Humano. Por una causa similar está imputado el ex presidente Alberto Fernández.
Es muy valorable la decisión que se tomó desde el Ministerio de Justicia del gobierno nacional acerca de que el Estado vuelva a ser querellante en las causas de corrupción política de los últimos tiempos, algo que el gobierno anterior dejó explícitamente de lado.
Será a través de la Oficina Anticorrupción. Son unos 32 expedientes en los que el gobierno de Alberto Fernández se había retirado.
Entre el 2018 y el 2020, cuando Vizcarra estuvo en la Presidencia, las constructoras chinas obtuvieron licitaciones públicas para la ejecución de obras por miles de millones de dólares.
Además de hacer foco en la venta de armas a Ecuador y Croacia durante el menemismo, el histórico abogado Monner Sans investigó irregularidades en el PAMI, apuntó contra actores K, Hugo Moyano y Amado Boudou.
Han conseguido eludir las audiencias, a pesar de que sus testimonios generan “expectativa”. Juan Ignacio ALiaga Lottero se benefició con una probation y Diego “Junior” presentó varios partes psiquiátricos. Aunque no es urgente que hablen ante el tribunal, aseguran que tarde o temprano lo harán. Volverán las audiencias el 7 de febrero.
“Vamos a recuperar todos los bienes del delito”, confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. Lo pedirá el ministro de Justicia al procurador general.
El hijo del presidente de EE.UU. Joe Biden, ha sido nuevamente acusado por nueve delitos relacionados con evasión de impuestos y declaraciones fraudulentas. Los nuevos cargos se suman a los relacionados por armas de fuego.
Patricia Benavides fue suspendida provisionalmente por la Junta Nacional de Justicia, debido a que se le sigue una investigación por tráfico de influencias. En la misma jornada, el expresidente Alberto Fujimori salió de prisión.
