Así lo estableció la Cámara Federal de La Plata en la causa que los investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Los tres están imputados tras el viaje a Marbella del exfuncionario y la modelo.
El presidente salvadoreño, que está a punto de tomarse licencia para dedicarse de lleno a la campaña por la reelección, afirmó en cadena nacional que “Cada quien será dueño de sus datos y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias”.
La pareja de una persona que estuvo detenida detalló en el megajuicio que le dio 1,5 millones de pesos a Luciano Ortego para que saliera de la cárcel. La plata la entregó un imputado que denunció coimas de Bento por más de 700 mil dólares.
Los peritos de la fuerza de seguridad iniciaron los procedimientos sobre el dispositivo de la modelo. La defensa también presentó peritos de parte.
Antonio Carrizo desmintió la versión del complot contra el exjuez y pidió que la Justicia lo convoque a declarar: “Quiero que se saque el manto de dudas”, expresó.
Entre la sorpresa y el enojo osciló la reacción de las figuras públicas que mencionó el polémico testigo en su declaración.
También afirmó que podría convocar al Procurador Alejandro Gullé, por haber sido mencionados en la sorprendente declaración del testigo condenado por homicidio Diego Barrera.
El grupo de letrados liderado por Mariano Fragueiro Frías presentó una acción que busca “una nueva resolución que lo reponga en su cargo, no sin llegar a la Corte”.
La resolución del primer Tribunal de Gestión Asociada establece que 21 de diciembre a las 10.30 se hará el remate, cuyo valor inicial será de $127.750.000.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación lo encontró culpable por mayoría al haber incurrido en causas de mal desempeño en sus funciones.
Se trata del que brindó Lucas Lecour, querellante en la causa Próvolo. En su declaración, complicó a Luciano Ortego y Francisco Álvarez, supuestos integrantes de la banda que pedía sobornos. También dijo haber escuchado que Diego Aliaga usaba la camioneta del juez suspendido y consideró cierto que el magistrado mantuvo preso a su defendido para “sacarle plata”.
El juez suspendido elevó un informe de una trabajadora social en el que se consigna que su hijo Facundo, quien sufre parálisis cerebral, necesita tener contacto permanente con su padre. Si el tribunal lo destituye, caerá preso.
Un hijo del despachante asesinado Diego Aliaga y su pareja figuran en la lista. También la novia de uno de los principales imputados: Walter Bardinella.
Según dio a conocer hoy el Ministerio Público Fiscal, se les atribuye fraude a la administración pública. También serán imputados funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad de Las Heras.
En el expediente quedaron asentados diálogos de chat entre el imputado y la víctima en los que Corazza le requería el envío de videos personales con contenido sexual.
El procedimiento comenzó después de las 12 del mediodía de este viernes y duró más de tres horas. La fiscal buscaba conocer las llamadas entrantes y salientes que hizo el puntero del PJ al que le encontraron los plásticos con los que cobraban los empleados de la Legislatura bonaerense.
Han sido citados la madre, dos hermanos, un hijo y dos mujeres que fueron parejas del ex despachante de aduanas asesinado Diego Aliaga. También convocaron a una empleada del juzgado que conducía el magistrado suspendido y que dejó dudas por demorar una causa.
“Las expectativas no son alentadoras” dijo Mariano Fragueiro Frías. En consecuencia, se quejará de que algunos de los integrantes del Jurado han sido “parciales” y de que el tribunal no fue “plural”, entre otras cosas. “Nunca la Corte revocó un fallo del Jury”, advierten fuentes de la Justicia.
Antes de que el Jury de Enjuiciamiento defina si seguirá siendo magistrado o no, se montó un operativo mediático para difundir que el magistrado acusado de recibir coimas es inocente y “está a punto de caer preso”.
Darán sus testimonios el abogado Luciano Ortego, presunto organizador de la “banda” que dirigía el juez, y dos familiares del despachante de aduanas asesinado Diego Aliaga.
Arcas públicas saqueadas por delincuentes enquistados en los poderes del Estado ante la complacencia o negligencia de las autoridades que los contratan y debería controlar, tristes elocuencias de un Estado que puede caer en procesos de descomposición.
Sólo falta que declaren dos testigos y los alegatos. Luego, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá 20 días hábiles para dictar la sentencia en el proceso de mal desempeño.
