A pesar de que la Corte nacional estableció que deben pagar todos los magistrados nombrados a partir de 2017, en Mendoza el Procurador exceptúa a los que tienen carrera judicial previa.
La actual estrategia de presionar a través del organismo previsional para lograr vacantes no es otra cosa que una grotesca jugada, con la que el Gobierno pretende demostrar que siempre tiene en la mira a los jueces y fiscales que puedan poner en jaque la estrategia de impunidad que asoma detrás del telón de la reforma.
El oficialismo se decidió por la denominada mayoría absoluta, que son 37 sobre 72 votos posibles, frente a la firme postura de los dos espacios opositores de la Cámara Alta.
La comisión que asesora a Fernández en la reforma judicial propone bajar la cantidad de votos del Senado para nombrar al Procurador. Una medida similar es impulsada en el Congreso.
Antes el procedimiento demoraba 10 días y se entregaba en mano por un oficial de la Policía. Pero con esta nueva medida los jueces y fiscales podrán verlas en un servidor con un usuario y clave virtual.
