La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación rechazó del aumento del 2% retroactivo al 1 de septiembre que fue otorgado por el Gobierno, y que el gremio consideró una “verdadera burla”.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña en la investigación sobre el lavado de dinero realizado por el empresario Lázaro Báez.
Los demandantes, que son tres hermanos, indicaron que el hecho les generó angustia y la imposibilidad de venerar los restos de su progenitora.
El pedido fue realizado por dos fiscales luego de una audiencia en Comodoro Py donde se escucharon relatos de víctimas que escaparon de Venezuela.
Así lo confirmó la Corte de Mendoza. El pago debe hacerse, no por el brutal crimen, sino por las graves deficiencias de los jueces durante el proceso. La chica tenía 19 años cuando fue violada, torturada y ultimada en octubre de 2003.
El juez supremo José Valerio lo había anunciado a principios de junio y apunta a agilizar las causas retrasadas. Sin embargo, requieren que se resuelva la situación de funcionarios judiciales, que siguen de paro en plena feria.
El 70% los empleados que se adhirieron a las medidas de fuerza, decidió devolver jornadas de trabajo o que se liquiden días de licencia para evitar afectaciones en sus salarios.
El gremio abandonó la última audiencia paritaria y afirmó que extenderán el paro en las oficinas fiscales y demás dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Los representantes del Gobierno provincial analizaban los planteos hechos por el sindicato que lidera Marcelo Fekonja y al regresar a la subsecretaría de Trabajo, se encontraron con que no estaban. Se negaron a volver y quedó en suspenso el aumento salarial.
El ministro de la Corte, José Valerio, salió al cruce del presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay. Aseguró que el Estado “no puede devolver dinero”; y agregó que los descuentos fueron mayores a los permitidos.
Este martes por la noche acordaron tanto el reintegro del dinero descontado, al igual que aumentos salariales para el segundo y el tercer trimestre del año.
Desde el gremio de funcionarios informaron que la baja en la mayoría de los casos ronda el 50% del salario. Lo mismo ocurrió con los empleados judiciales. Siguen las medidas de fuerza a partir de este viernes a la noche.
Los sindicatos que nuclean a funcionarios y empleados judiciales pasaron a cuarto intermedio luego de no aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo. El paro de funcionarios empieza el viernes y el lunes se refuerza con empleados judiciales.
Mañana habrá otra asamblea en Tribunales provinciales. El gremio entiende que no deberían asistir a las negociaciones salariales, ya que aún no cierran las del primer semestre.
Este jueves comenzó otra medida de fuerza, que se extenderá hasta el lunes inclusive. Hay oficinas fiscales donde no hay administrativos para la toma de denuncias, y sólo están los ayudantes fiscales. Qué pasará con las paritarias de la semana que viene.
El gremio de empleados judiciales votó que se realicen asambleas en el turno tarde de hoy y convocó a extender la medida para todo el jueves. El paro fue mocionado, pero no logró imponerse.
En medio de versiones cruzadas, el gremio de empleados rechazó la última oferta y pidió que se dicte el fracaso de la conciliación obligatoria. Anunciaron que reactivarán un plan de lucha que podría extenderse hasta agosto. Funcionarios siguió el mismo camino.
A horas de una nueva reunión entre las partes, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, decidió “diferir” la aplicación de la resolución que reestructuraba el funcionamiento de las oficinas.
El juez Sebastián Casanello tomó la determinación tras citar al líder del Polo Obrero para declarar el próximo 25 de junio.
La negativa de la recusación ahora será revisada por la Cámara Federal Porteña. El ex presidente había pedido apartar al magistrado argumentando preocupaciones sobre su imparcialidad.
El gremio de empleados judiciales cuestiona la competencia de la Subsecretaría de Trabajo para ordenar una conciliación. Esperan una resolución pero avanzaron con las medidas de fuerza.
La resolución fue aprobada por la Cámara Nacional del Trabajo. Los testimonios de los testigos coincidieron que el trabajador observaba por la puerta de los departamentos. “La situación de ajustó al derecho”, confirmó la jueza del caso.
