En un informe de 158 páginas acusan a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados progubernamentales de participar en asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género en Venezuela.
La diputada puso a disposición capturas de un decreto reglamentario y un proyecto de ley, tras el escándalo que protagonizó la semana pasada, sobre la cual aseguró que Martín Menem la traicionó.
La diputada nacional se defendió de las acusaciones en la sesión de la Cámara de Diputados. Aseguró recibir presiones política y dijo que fue víctima de violencia política e institucional.
La diputada libertaria explicó cómo se gestó la visita al penal de Ezeiza en la que se reunió con represores. Criticó al presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni y a Beltrán Benedict.
La legisladora mendocina por La Libertad Avanza se fotografió junto a los represores y otros diputados. Si bien había reconocido que estuvo, no se habían filtrado las imágenes. La joven hará mañana las aclaraciones en el recinto de la Cámara de Diputados.
A través de un comunicado, Cancillería informó que presentó un pedido ante la Corte Penal Internacional para volver a ser parte. En 2021, Alberto Fernández retiró al país del conjunto de naciones que acusan a Maduro.
La diputada nacional Lourdes Arrieta, junto a otros compañeros de banca, se reunieron con militares condenados por delitos de lesa humanidad. Fuerte repudio de dirigentes libertarios y de peronistas. Legisladores provinciales aliados hicieron silencio.
La investigación había sido impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli. Las denuncias incluyen además a otros funcionarios del gobierno de Venezuela.
Los sentenciados fueron el ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime Lamont Smart, y el ex médico de la Dirección de Investigaciones Jorge Bergés.
La funcionaria nació en el centro clandestino de detención ESMA, durante el cautiverio de su madre, María Hilda Pérez, en la última dictadura. En el 2004 recuperó su identidad y ayer condenaron a su tío por crímenes cometidos contra su propia familia.
El Equipo Argentino de Antropología Forense comparó las muestras con el ADN de Hilda Gladys Lavizzari, madre del hombre buscado desde 1992, y el resultado fue negativo.
La letrada porteña resolvió no considerar ese delito de 1976 como de Lesa Humanidad por lo que la causa no será reabierta, tal como lo había solicitado un grupo de querellantes en 2021.
Antropólogos de la Universidad de Buenos Aires trabajaron sobre los restos de un nicho que, en principio, pertenecerían a otra persona.
Un equipo de la Universidad de Buenos Aires exhumará un cadáver para analizar si los restos son del joven desaparecido en Godoy Cruz en mayo de 1992.
Tenía 79 años y cumplía desde el 2016 prisión domiciliaria. La condena la recibió por no haber investigado decenas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El fiscal Pollicita investiga una denuncia de 15 carillas presentada por una persona que intentó cinco veces denunciar al presidente caribeño en Venezuela.
Daniel Cherutti formó parte de la SIDE durante la última dictadura militar. Actualmente vive en Italia y es buscado intensamente por Interpol.
La cartera le quitó el estado militar a los represores Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González. Además, perdieron su cargo Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías.
Fue responsable de la desaparición y muerte de cientos de personas durante la última dictadura cívica, eclesiástica y militar. Además, tenía múltiples condenas por delitos de lesa humanidad.
En el Senado recibió dictamen un proyecto de Fernández Sagasti que corrige el número de matrícula y de nomenclatura catastral del inmueble, también conocido como “Casa Grande”.
Desde la reapertura de los procesos hubo 254 sentencias y 3.490 personas fueron investigadas. El 25% están privadas de la libertad; en su mayor parte, en arresto domiciliario. Hay 21 juicios en curso y otros 73 aguardan fecha de inicio de debate.
Los crímenes fueron cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Hay más de 350.000 víctimas.
