La mayoría de los vehículos fueron secuestrados por falta de documentación. Labraron 16 actas con faltas graves y gravísimas y 4 aprehendidos.
Ocurrió en la ciudad de Córdoba. Iba acompañado de otros dos jóvenes, de 17 y 19 años. Tras el accidente, el adolescente intentó huir a pie, pero fue detenido. Los oficiales confirmaron que el auto pertenecía a su padre y fue sustraído sin permiso.
Los Andes había denunciado la proliferación de estas carreras fuera de la ley. Además, otro conductor quedó detenida por un proceso contravencional bajo la Ley 9099.
En un barrio maipucino, la municipalidad tiene que romper la calle pavimentada para que los vecinos no organicen picadas. Además, quienes viven allí quitan los reductores de velocidad. Cómo se organizan las caravanas, las arriesgadas maniobras y las desesperadas tácticas para ponerles fin.
En el barrio Provincias Unidas (Maipú), cada jueves y domingo por la noche se organizan picadas de motos clandestinas. Se juntan más de 1.000 personas y compiten en 600 metros de calle a velocidades superiores a los 130 km/h. La Municipalidad ha colocado reductores de velocidad, pero los propios vecinos los destrozan para seguir “picando”.
Decenas de policías sorprendieron a un grupo de improvisados pilotos en la ruta 52. Algunos vehículos estaban “flojos de papeles”.
Hace unos días trascendió la noticia que la clásica picada ya se volvió todo un lujo, por los precios que manejan cada tipo de fiambres. De esta forma, las fetas de mortadela llegaron a la carta de un reconocido hotel de Buenos Aires, acompañado de un precio de 5 estrellas.
La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó enojo y asombro en diversos usuarios.
Pasó en Córdoba. “El menor se encontraba de noche jugando con ropa oscura”, fue una de las polémicas explicaciones del fiscal de cámara para justificar el beneficio hacia el imputado.
Los conductores ya fueron identificados. La Asociación de Vecinos de la localidad hizo la denuncia ante la Policía, la cual dispuso una fiscal para llevar adelante la investigación.
La comuna de Anisacate estableció una tasa de $ 2 mil por mes a quienes posean en su propiedad piletas de material. Argumentaron que es por la crisis hídrica.
