La Cámara Federal de la provincia de Corrientes emitió un falló a favor de un grupo de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, dados de baja sin justificación, y ordenó que les paguen cuatro meses.
Otro de los ejes que se abordó en el 60° encuentro empresario en Mar del Plata es la importancia de generar formación e inclusión para una Argentina sostenible.
La pobreza y la indigencia han alcanzado niveles alarmantes pese a los esfuerzos del gobierno por mitigar la crisis.
Este programa es un extra al que se puede acceder de manera automática, ya que es compatible con otros beneficios.
El juez Sebastián Casanello tomó la determinación tras citar al líder del Polo Obrero para declarar el próximo 25 de junio.
La acusación surge debido a que se reveló información confidencial que se suponía debía mantenerse en secreto en la pesquisa sobre posibles irregularidades.
Como todo régimen de opresión, el sistema de los comedores tuvo su esperada y necesaria vía de escape a través de las líneas telefónicas para formular denuncias anónimas puestas en práctica por el actual gobierno nacional a poco de asumir.
La Justicia investiga siete denuncias que involucran a representantes de movimientos sociales. A la vez, distintos dirigentes sociales dicen que el gobierno no entregó alimentos a los comedores en los meses que lleva de gestión.
El fiscal ratificó la baja de casi 3 mil PUAM, que representaban $500 millones cada mes para el Estado.
Cerca de una treintena de dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha fueron imputados.
La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello. Las pruebas fueron obtenidas tras una serie de allanamientos a diferentes agrupaciones. Se detalló que las personas eran amenazadas con que se “les daría de baja la prestación y/o se les negarían alimentos”.
Por la devaluación, hay una evidencia baja del gasto medido en dólares en comparación al mandato anterior. Los programas ya superaron la mitad del gasto que se preveía para todo el año. El gobierno planea reasignar fondos en ambas partidas.
Esta medida, prometida en campaña por el presidente Javier Milei, busca brindar apoyo económico a quienes tienen hijos en instituciones educativas de gestión privadas. Estos son los montos que aplican.
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La medida fue realizada luego de la disolución del programa Potenciar Trabajo. Desde el ministerio de Sandra Pettovello aseguraron que controlaban a los beneficiarios mediante mecanismos burocráticos. Se espera una nueva protesta de los movimientos sociales.
Se trata de 96 agentes, la mayoría de ellos inscriptos en la DGE. El órgano de control recomendó al Ejecutivo “ajustar a derecho” a quienes tenían a la vez el beneficio social nacional y un sueldo de la Provincia. El Gobierno afirmó que ya está investigando “caso por caso”.
Pertenece a esta área casi el 90% de los 96 mendocinos a quienes la Nación les quitó el plan Potenciar Trabajo por incompatibilidades. La semana próxima, la Oficina de Ética Pública emitiría un dictamen sobre el caso.
Según indicó el Ministerio de Capital Humano, la baja se debe a “incompatibilidades” en los Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. La medida regirá a partir de la semana que viene.
Surgidos hace más de 30 años y multiplicados en la gestión de Eduardo Duhalde, para crecer sin prisa y sin pausa durante los 20 años posteriores, planes como el Potenciar Trabajo ya no son, en muchos casos, ni sombra de lo que alguna vez quisieron ser.
El auditor Gabriel Balsells Miró podría abrir un sumario. En el Ejecutivo están revisando los casos “uno por uno” para confirmar si hubo irregularidades y hablan de “casos aislados”.
La información de los más de 97.000 estatales provinciales fue enviada al fiscal Guillermo Marijuan, quien denunció que existen incompatibilidades en trabajadores del Estado que perciben el Potenciar Trabajo. Desde la Provincia niegan alguna irregularidad.
Una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei fue quitar a los intermediarios que dan los beneficios de ayuda social.
