Así lo reflejó Martín Guzmán. Ambos planes sociales habían sido establecidos al comienzo de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, pero se los había dado por finalizados en diciembre.
Desde la entidad cobraban para entregar el IFE y otros programas de ayuda económica. Ahora deberán afrontar una multa de $ 4 millones.
El mencionado programa busca mejorar la empleabilidad y generación de nuevas propuestas productivas mediante la terminalidad educativa, formación laboral y certificación de competencias.
La UTEP está integrada por 13 movimientos sociales y maneja un programa, con 5 mil beneficiarios, que no pasa ni por el gobierno provincial ni por los municipios.
Se trata de operativos de repatriación que se realizan quincenalmente y están autorizados por la Dirección General de Migraciones y las cancillerías de ambos países. Además, el Consulado boliviano en Saltaa ha realizado 6 operativos de estos desde que se cerraron los pasos fronterizos.
