El intendente Ojeda dispuso que la asistencia que reciben del municipio algunos habitantes del departamento deberá “ser devuelta con prestaciones solidarias”.
Así lo reflejó Martín Guzmán. Ambos planes sociales habían sido establecidos al comienzo de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, pero se los había dado por finalizados en diciembre.
Desde la entidad cobraban para entregar el IFE y otros programas de ayuda económica. Ahora deberán afrontar una multa de $ 4 millones.
El mencionado programa busca mejorar la empleabilidad y generación de nuevas propuestas productivas mediante la terminalidad educativa, formación laboral y certificación de competencias.
La UTEP está integrada por 13 movimientos sociales y maneja un programa, con 5 mil beneficiarios, que no pasa ni por el gobierno provincial ni por los municipios.
Se trata de operativos de repatriación que se realizan quincenalmente y están autorizados por la Dirección General de Migraciones y las cancillerías de ambos países. Además, el Consulado boliviano en Saltaa ha realizado 6 operativos de estos desde que se cerraron los pasos fronterizos.
