Francos y Bullrich demostraron alguna gimnasia parlamentaria adecuada para consolidar un acuerdo primario sobre la ley ómnibus. Por primera vez el objetivo de la aprobación no pareció una utopía irrealizable.
En un comunicado, señalaron que las propuestas de modificación ya han sido discutidas y superadas en el momento de la aprobación de la ley y Régimen Federal pesquero vigente. Durante una reunión con legisladores nacionales, advirtieron que estas modificaciones plantean “un gravísimo error y riesgo para el sector”.
Milei, nos está mostrando la diferencia entre “decir lo políticamente correcto”, otro eufemismo cultural, y decir la verdad.
Con objetivos diametralmente opuestos, los principales contendientes de la escena política coinciden con un mismo diagnóstico. Ambos creen que la evolución del clima social tiene un único termómetro de resultados unívocos: la inflación.
Así como el Gobierno nos propone que entendamos las relaciones económicas de otro modo, también debemos comprender la dinámica política de un modo diferente a como lo hicimos en los últimos tiempos.
Al pedir la delegación de facultades más holgada y extensa de la que se tenga memoria desde la restauración democrática de 1983 , Milei percibe que viene a llenar el vacío de autoridad presidencial que dejó el colapso del triunvirato Fernández-Kirchner-Massa.
Los cambios legales deben ser explicados y discutidos de cara a la sociedad, para que se pueda evaluar con la mayor precisión posible el impacto que tendrán sobre la población. Pero un decreto de necesidad y urgencia, más allá de que está admitido en la Constitución, tiende a clausurar esas discusiones.
Estamos cansados de padecer ineptitud, corrupción, demagogia, populismo, autoritarismo, malversación de caudales públicos, estafadores y mentirosos. Por primera vez desde 1916 estamos ante una esperanza, que es distinta y nueva.
El megadecreto semeja un pliego de aplicación práctica para una idea dominante: el regreso al espíritu liberal de la Constitución Nacional de 1853.
Federico Sturzenegger le presentó a Javier Milei (y éste de inmediato hizo suya) una revolucionaria propuesta desreguladora del sistema corporativo argentino (que hace 20 años es mucho más poderoso que la democracia representativa). Discutir sobre la forma de implementación es un debate necesario siempre y cuando no tape el debate sobre el fondo. Sobre todo en este hipócrita momento en que los estatistas corporativistas se indignan contra el supuesto atropello institucional del DNU, cuando ellos avasallaron todas las instituciones durante 20 años. Pero donde también muchos liberales defienden el liberalismo siempre y cuando no les afecte sus intereses corporativos.
Sería oportuno que el Poder Ejecutivo y el Congreso tendieran puentes para lograr acercar posiciones, ante la posibilidad de que las diferencias sean no tanto de fondo sino de forma. Así podrán avanzar en un marco de respeto medidas que, a no dudarlo, necesita la Argentina que sean implementadas.
Si hay naufragios masivos, el de Javier Milei no habrá sido un buen plan, sino uno más de los intentos de refundación económica saneada de populismos calamitosos, que naufraga antes de llegar a puerto.
Nadie podría discutir la necesidad de revisar los miles de designaciones y contrataciones de la gestión saliente en los últimos meses, además de la necesidad de exigir presencialidad. La actitud y la aptitud de los buenos empleados no deben ser cuestionadas, al contrario de lo que puede suceder con aquellos que se identifican como “militantes” de un espacio político. En esta delicada coyuntura, no están permitidas la vacancia ni la inoperancia de los agentes públicos.
Javier Milei es el nuevo presidente, obligado a arbitrar entre necesidades y expectativas, pero en los hechos la suerte de su gestión no depende sólo de él.
Como señaló en más de una oportunidad el nuevo titular del Poder Ejecutivo, el área social de su gobierno es la única con licencia para desembolsar más allá de lo previamente presupuestado.
Es pertinente, como suele decir el mismo Javier Milei, que el ajuste de la economía al que apunta recaiga en mayor medida sobre nichos improductivos de la política y sus extensiones a empresas o profesionales vinculados, privilegios sindicales, etc. No sobre el grueso de la población que trabaja y produce.
Ese magnetismo tan propio de los que estrenan el poder no debería llamar a engaño al conjunto de la sociedad argentina. Es la sociedad -no sólo Javier Milei- la que está desafiada por la profundidad de la crisis. Es la sociedad la que tiene que acertar el rumbo para revertir el declive económico. Y es la sociedad la que debe encontrar la fórmula para darle a esa salida alguna viabilidad política.
El presidente saliente no se hace cargo de su responsabilidad en el empobrecimiento de los argentinos, como no se hacen cargo los gerentes del pobrismo que pueblan la burocracia sindical y la burocracia piquetera y ya amenazan la estabilidad del gobierno electo hace pocas semanas.
Coexisten ahora por lo menos tres legitimidades de origen: la expresión potente de la voluntad popular que le entregó la presidencia a Javier Milei; la sumatoria de bloques minoritarios que ejercerán el poder desde el Congreso, y un conjunto de gobernadores también legitimados por el voto.
Luego del comunicado de Patricia Bullrich donde descartó su postulación, el legislador sugirió que el ex presidente ocupe ese cargo. Las elecciones del partido serían a principios de 2024.
El cambio que tenemos por delante dependerá de la capacidad combinada, principalmente, de estos tres líderes que se han unido para concretar las bases de este nuevo proceso. Cada uno deberá aportar su conocimiento y experiencia junto a su capacidad para administrarlo.
Hay que desmontar con urgencia lo que en política tenga relación con el odio, la intolerancia o la bronca desmedida. Hay que pacificar las almas, los espíritus.
