Los letrados consideran que la medida viola el secreto profesional al exigir que las conductas sospechosas de sus representados sean informadas a la UIF.
Los organismos estatales se sumaron al pedido del fiscal Marijuan que reconoció el vínculo entre la vicepresidenta y el empresario Lázaro Báez pero que no pudo establecer pruebas de lavado de dinero.
La lupa está puesta en los ahorristas que se abrieron cuenta en sociedad de bolsa en los últimos meses y giraron la plata de la caja de ahorro en pesos y volvieron dólares. Es por el aumento de las magnitudes en las operaciones de MEP y CCL .
