La ayudantía especializada en drogas de la ciudad de La Plata recibió ayer la causa por la persecución fatal de San Miguel del Monte y ya se encuentra trabajando en la hipótesis que indica que las víctimas vieron maniobras de tráfico de drogas entre policías antes de la masacre.
"Funciona muy bien la ayudantía. Hay dos ayudantes con un equipo que colabora", precisó el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo.
También consideró que la hipótesis sobre la conexión narco es "la más avanzada" y dijo que lo único que puede afirmar es que "los chicos fueron perseguidos" y que "los policías trataron de ocultar" lo sucedido en la localidad bonaerense ubicada 112 kilómetros al sur de Capital Federal.
La fiscalía platense fue convocada por el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, luego de que un testigo de identidad reservada contara que los chicos habrían visto desde el Fiat 147 -conducido por Carlos Aníbal Suárez, una de las víctimas- una maniobra de venta de drogas, a pocos metros del domicilio del Teniente 1° Héctor "Pipi" Ángel, hoy detenido.
Según el relato, el auto en el que iban los jóvenes pasó por casualidad por esa zona y los policías vieron que estaban filmando con celulares desde el interior del vehículo, motivo por el que habría comenzado la persecución que terminó con cuatro muertos y una chica gravemente herida (Rocío Gugliarello), que se encuentra en terapia intensiva en un hospital de la localidad de Florencio Varela.
Además, Bogliolo se refirió a las declaraciones del abogado de dos de las familias de las víctimas, Lucas Richmond, y opinó que fueron "imprudentes". Richmond había manifestado que "no cierra la complicidad de 14 policías y de un funcionario policial sólo porque estos chicos evadieron un control de tránsito por una coima, yo creo que acá hay algo muchísimo más grave y espero que lo podamos probar".
Es más, el letrado que representa a los padres de los chicos fallecidos Camila López (13) y Danilo Sansone (13) cuestionó a la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, por una presunta complicidad de funcionarios municipales. "Si supuestamente la intendenta Sandra Mayol le dijo al ministro de Seguridad bonaerense (Cristian) Ritondo que los vecinos habían escuchado disparos, ¿por qué se permitió que la misma Policía siguiera investigando el hecho, dándole horas de impunidad?", planteó.
