El lunes 23 de setiembre, con profundo asombro leo en las columnas de Los Andes, que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, recurre a Anses para financiar su administración. El Gobierno coloca papeles en este organismo y otras dependencias, a cambio de recursos para cubrir obligaciones que son del Estado.
Acorralado por el cierre de los mercados recurre a uno de los canales disponibles para evitar el default en corto plazo y comenzó a financiarse con la renovación de colocaciones de deuda, en organismos públicos como la Anses.
Trato de entender por qué se posterga durante tantos años (en la actualidad son 14) el pago de un juicio que un grupo de docentes jubilados mantiene con ese organismo.
Este grupo accionó judicialmente, pagó a los abogados intervinientes en la gestión y obtuvo por ello sentencia firme.
Si Anses posee solvencia gracias al aporte de esos jubilados y que fue siempre del 14% ¿por qué no liquida lo que legalmente y por derechos adquiridos corresponde a ese grupo?
El Gobierno provincial se comprometió a exigir celeridad a las instituciones demandadas: O.T.P., ex Caja de Jubilaciones de la Provincia y Anses para que calculen y pongan al pago lo que ordenan las sentencias.
Esta gestión se realiza desde agosto de 2005, reiterándose en sucesivas oportunidades hasta la actualidad.
Un nutrido grupo de esos jubilados ya han muerto. Me pregunto si el Gobierno espera que la misma suerte la tengan los jubilados que quedan.
Al gobernador en ejercicio, Alfredo Cornejo y al electo, Rodolfo Suárez, les pido un gesto de grandeza y solidaridad para aquellos que atraviesan condiciones de vulnerabilidad social: los jubilados.
Espero que esta campaña política la terminen teniendo en cuenta este grupo que también vota y los invito a demostrar que sí se puede reconocer y pagar esta deuda económica y social que el Estado mantiene con un importante sector de los jubilados docentes.
María Cristina Dimaría
DNI 5.140.551
