Vecinos del Barrio Judicial III de Villa Nueva se oponen a que – en un plazo de 5 días- el municipio de Guaymallén abra las calles del barrio para que puedan circular por sus arterias todas aquellas personas que deseen atravesarlas. La principal objeción es que quedarían desprotegidos y expuestos a la problemática de inseguridad de la zona.
Según contó el flamante presidente de la Unión Vecinal, Gustavo Giocchini, todo comenzó hace aproximadamente tres años cuando el municipio comenzó con intención de abrir los barrios cerrados del departamento que habían donado las calles a la municipalidad. “Es lógico que si las calles han sido donadas, permanezcan abiertas, con desde uso público, pero nosotros desde que el barrio se formó, hace 20 años, lo hicimos cerrado, tratando de proteger las inseguridades que hay desde siempre”, explicó.
Continuando, dijo que otros intendentes del mismo color político que Marcelino Iglesias (Cambiemos-UCR) también les permitieron mantener el lugar cerrado y lo mismo ocurrió con intendencias justicialistas. “Las calles, si bien son públicas, no conducen a ningún lugar. Son todas calles cortadas salvo la calle de ingreso que da paso a otros barrios. Esa no está cortada y no se le impide el paso a nadie”, remarcó Giocchini.
Giocchini graficó que el resto de las calles son dos cuadras que se cortan y no llegan a ningún lado, es decir que desde la perspectiva de los vecinos no es necesario abrirlas para mejorar el tránsito de la zona. “Nosotros lo hemos cerrado con cámaras de seguridad, tenemos guardias, en blanco, que cuidan. Hacemos las cosas bien para no tener problemas. Pero para esto formamos la Unión Vecinal, para hacer entre vecinos lo que el estado no hace por nosotros. Sabemos que afuera del barrio ocurren delitos todos los días”, enfatizó el presidente de la UV.
Por otro lado, dijo que si faltan policías y preventores en otros sitios, para que no ocurran delitos, se preguntaran con qué seguridad estarán protegidos cuando abran el barrio. “No queremos ser un barrio privado, pero sí queremos estar cuidados y cuidarnos entre todos. Nosotros tomamos medidas para poder vivir tranquilos. Al abrirnos el barrio, nos exponemos a la inseguridad de lleno”, señaló.
Además que al municipio no le importa abrir porque ellos no están obligados a brindar seguridad. “No hay punto de negociación y a pesar de haber recurrido a la justicia para frenarlo, esto llegó a la suprema corte provincial y nos obligan a abrir”, indicó Giocchini agregando que no han decidido tomar medidas de fuerza. “Hemos pedido un año para poder poner rejas y alarmas. Pero estamos tristes, nos ofrecen alarmas comunitarias, pero sabemos que 10 móviles y 30 policías para 100 mil personas no sirven. Y desde el municipio no quieren atendernos, dicen que ya nos explicaron y que seguirán adelante”, cerró.
Fomentar la conectividad
Cintia Brucki, directora de Planificación del municipio indicó que el municipio vela por la apertura de las calles públicas y que hasta el momento hay 20 barrios identificados con la situación antes mencionada. “Hay carencia de conectividad que es un aspecto importante, tenemos que fomentarla más. En el departamento carecemos de ella y más aun si cierran calles públicas”, dijo la funcionaria.
Por otro lado, añadió que el barrio Judicial III se aprobó de cierta manera, y luego, los vecinos por seguridad hicieron el cierre. “No puede pasar el camión recolector, una ambulancia o el camión de bomberos. Creen que se brindan seguridad pero se están poniendo en riesgo. Si hay un incendio el camión se topa con las barreras de la calle”, informó añadiendo que el derecho de circulación está en la constitución nacional y que los aspectos relacionados con la seguridad son de jurisdicción provincial.
“No podemos tener una instancia de mediación porque no hay qué acordar. Los vecinos solo quieren tener las calles cerradas. Ellos quieren calles públicas cerradas y nosotros abiertas. Esperamos que esto sea un precedente para el departamento”, finalizó.
